Andalucía prepara una orden de subvenciones que faciliten a víctimas de violencia de género contar con procuradores

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía plantea aprobar una orden que regule la concesión de subvenciones a colegios de procuradores de los tribunales de Andalucía para financiar "las medidas necesarias a adoptar para la designación" de un profesional de dicho colectivo que "represente de forma gratuita a las víctimas de violencia de género en la fase del proceso penal en que su intervención no sea preceptiva".

Así se detalla en la documentación vinculada a la consulta pública abierta establecida por la citada Consejería para recoger opiniones acerca de este proyecto de orden, recogida por Europa Press, en la que se confirma que el departamento que dirige José Antonio Nieto en el Gobierno andaluz "se está valorando la necesidad y oportunidad de aprobar unas bases reguladoras" para la concesión de dichas subvenciones.

La ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren oportuno pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este proyecto de orden a través de la dirección de correo electrónico
participa.cjalfp@juntadeandalucia.es, incluyendo en sus aportaciones su nombre y apellidos, o razón social o denominación de la entidad a la que represente, en un plazo abierto el pasado viernes día 17 y que concluirá el próximo 10 de marzo.

Como antecedentes de este proyecto de orden, la Consejería cita la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como el convenio que, con fecha del 15 de noviembre de 2021, suscribieron la entonces Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales, para instrumentar la concesión de una subvención directa, "de carácter excepcional", con el mismo objetivo que se plantea la orden que proyecta ahora el departamento de José Antonio Nieto.

Al respecto, desde la Consejería de Justicia se explica que, "una vez finalice la vigencia" de dicho "instrumento de cooperación" suscrito en 2021, "se considera conveniente, en atención a los problemas que se pretenden solucionar, continuar con la financiación de estas actuaciones mediante la concesión de subvenciones regladas en régimen de concurrencia no competitiva".

PAPEL DE LOS PROCURADORES

Desde el Gobierno andaluz explican que, "de conformidad con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, aun cuando la víctima de violencia de género tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita en el proceso penal desde el momento inmediatamente anterior a su inicio hasta el final del mismo", dicho derecho "no comprende la representación a través del profesional de la procura en todas las fases de aquel procedimiento".

Así, la Junta aclara que, "a excepción de aquellos casos en que el proceso lo inicia la propia víctima por medio de querella --solicitando desde ese momento que se la tenga como parte acusadora--, para cuya formulación se exige también firma de procurador, la realidad de la práctica procesal evidencia que, hasta el momento de evacuar el correspondiente escrito de calificación provisional --y a veces hasta el propio día del juicio-- no se exige a la víctima que se constituya formalmente en parte acusadora y designe procurador".

De esta manera --continúa explicando la Consejería de Justicia--, "si bien la representación de las víctimas de violencia de género en el proceso penal puede ser asumida en los referidos momentos procesales por el abogado que ejerce su dirección técnica", aquellas "no tienen garantizada la posibilidad de ser representadas por el profesional de la procura a lo largo de todo el proceso penal".

Por eso, la Junta considera "esencial y de interés público arbitrar un mecanismo que permita a estas víctimas disponer de la representación procesal a través de procurador durante todo el proceso penal, máxime si tenemos en cuenta, desde la perspectiva de las obligaciones de información y comunicación que impone a los órganos jurisdiccionales el estatuto de la víctima, la importante labor dinamizadora que dicho profesional puede desempeñar en este, fundamentalmente en lo relativo a la agilización de las comunicaciones entre la víctima y el órgano jurisdiccional".

En esa línea, desde el Gobierno andaluz subrayan que la intervención de los colegios de procuradores resulta "fundamental, pues a través de ellos se facilitará a las víctimas de la violencia de género que lo soliciten la designación inmediata de procurador en aquella fase del proceso penal en que su intervención no sea preceptiva".