SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio abonó en 2019 más de 240 millones de euros en pagos pendientes de los anteriores gobiernos autonómicos del PSOE-A. La consejera Marifrán Carazo ha presentado este lunes al Consejo de Gobierno un informe sobre las cantidades abonadas durante el pasado año por deudas u obligaciones derivadas de la anterior legislatura, en el que se incluye el pago de sentencias judiciales, acuerdos extrajudiciales, expropiaciones pendientes de abonar o liquidaciones de contratos que no se llegaron a poner en marcha.
De esta cuantía, según ha indicado la consejera en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la mayoría procede de sentencias judiciales derivadas de litigios de anteriores mandatos más los intereses de demora generados. La cuantía en este concepto es de cerca de 200 millones (199.120.263 euros). De este montante, destaca la sentencia por los sobrecostes de la Línea 1 del Metro de Sevilla, que han supuesto un coste para las arcas autonómicas de 164,72 millones de euros, de los que 37,8 millones corresponden a intereses de demora.
La Consejería de Fomento también ha abonado otras sentencias judiciales, como los 7,1 millones del litigio por expropiaciones de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en la zona norte de Málaga, o los 5,28 millones de euros por retrasos en el abono de los pagos por las obras del tranvía de Jaén. También se contabilizan cuatro millones de euros de una sentencia recaída en un litigio planteado por responsabilidad patrimonial.
Además, se han contabilizado en este informe 10,5 millones de euros abonados durante el año pasado por el pago de justiprecios e intereses de demora de expropiaciones culminadas con anterioridad al ejercicio 2018. De hecho, algunas de ellas se remontan al año 2015. Sólo en expropiaciones se han abonado 7,5 millones de euros, es decir, un 180 por ciento más con respecto a los pagos de este mismo concepto que se realizaron en el año 2018.
La Consejería, además, ha hecho frente a pagos por certificaciones contractuales y liquidaciones de contratos que arrojan una cantidad de 23,3 millones de euros, así como acuerdos extrajudiciales y reclamaciones económicas de la anterior legislatura por un montante cercano a los 2,4 millones de euros.
Por último, se ha efectuado el pago de adeudos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), devengados con anterioridad al año 2018 y que recae en viviendas del parque público. La cantidad total en este concepto es de 5,4 millones.
