La Empresa Pública de Gestión de Activos absorberá a la sociedad Sogefinpa

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado la fusión por absorción de la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial SA (Sogefinpa), por parte de la Empresa Pública de Gestión de Activos SA (Epgasa).

La operación permitirá racionalizar y simplificar las estructuras y el funcionamiento de estas dos entidades adscritas a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, cuyos objetos sociales, centrados en la gestión de los bienes y derechos de titularidad autonómica, "son en gran parte coincidentes", ha indicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno el portavoz del Gobierno de la Junta en funciones, Miguel Ángel Vázquez.

Una vez realizada la fusión por absorción, Epgasa seguirá adscrita a este departamento y participada por la Junta de Andalucía al cien por cien, además de mantener la naturaleza jurídica de sociedad mercantil del sector público andaluz. El capital social se fija en 102,67 millones de euros.

El consejo de administración tendrá una composición similar a los de las dos sociedades ahora fusionadas. Estará presidido por la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública e integrado por las titulares de la Viceconsejería de este departamento, la Secretaría General de Finanzas y Patrimonio, la Secretaría General para la Administración Pública y las direcciones generales de Patrimonio; Presupuestos, y Tesorería y Deuda Pública.

Epgasa es propiedad de la Junta desde junio de 2010, fruto de la integración en el sector público empresarial andaluz de la antigua Sociedad Estatal de Gestión de Activos (Agesa), encargada de reutilizar y rentabilizar los bienes que la Administración central poseía en la Isla de la Cartuja de Sevilla, procedentes de la Expo 92 y traspasados a Andalucía.

La empresa absorbida, Sogefinpa, se creó en 2009 con la finalidad principal de encauzar la gestión y explotación de los bienes y derechos del patrimonio de la comunidad autónoma. Su constitución respondió a la necesidad de contar con un instrumento ágil y especializado para abordar el aumento patrimonial derivado de la progresiva asunción de competencias transferidas por el Estado, especialmente tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía en 2007.