Publicado 01/10/2019 14:07

La Junta reforzará la seguridad alimentaria de Andalucía con un Registro de Explotaciones y documento de productos

Jornadas informativas que ha organizado la Consejería de Agricultura sobre seguridad alimentaria.
Jornadas informativas que ha organizado la Consejería de Agricultura sobre seguridad alimentaria. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha comunicado al Consejo de Gobierno las actuaciones que tiene en marcha para garantizar el control y la seguridad de los alimentos que llegan a los consumidores, entre las cuales destaca el perfeccionamiento e implantación de forma definitiva del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa), así como la exigencia obligatoria del Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) de productos agrarios y forestales desde el próximo martes 15 de octubre, como medidas de refuerzo en seguridad alimentaria.

A través de estos instrumentos es posible seguir un alimento en las fases de producción, transformación y distribución, ha informado la Junta de Andalucía mediante una nota, fundamentales para localizar el origen de partidas y facilitar una rápida reacción en caso de contaminación de origen alimentario.

Se proporciona al consumidor información sobre la trazabilidad de los productos y permite a la Administración realizar controles que garanticen la seguridad de los alimentos.

El registro de explotaciones productoras de alimentos y la trazabilidad de los productos son una exigencia legal impuesta por la Unión Europea para garantizar la seguridad y la inocuidad de los productos alimentarios. En ese marco se aprobó el Decreto 190/2018, por el que se crea y regula el Reafa y DAT.

El fin principal es facilitar el control de la higiene de las producciones agrícolas y agroforestales y garantizar la trazabilidad de los productos alimentarios y la legítima procedencia de las mercancías, objetivo del DAT, para dificultar también los frecuentes robos en el campo y su posterior venta ilegal.

El actual Gobierno de Andalucía ha puesto en marcha a pleno rendimiento el Reafa, para regular el procedimiento administrativo que permite la inscripción a instancia de parte, mediante declaración responsable del titular de la explotación o su representante. A tal efecto ya se han realizado dos jornadas informativas en Sevilla y Granada.

La obligatoriedad del uso del DAT se activará el próximo 15 de octubre, un año después de la publicación del referido decreto, como se estipulaba en su redacción. El documento deberá acompañar al traslado de los productos sin transformar obtenidos de las explotaciones agrarias, forestales y agroforestales, desde su origen hasta el lugar de almacenamiento o primer destino de comercialización.

Incluirá la identificación del suministrador y las características principales del producto: calidad, naturaleza, origen, composición, finalidad, denominación, fecha de producción o caducidad y datos del fabricante.

La Consejería ha desarrollado una serie de herramientas para simplificar el cumplimiento de estas obligaciones y, junto al formulario en papel, ha creado una aplicación web para la consulta en tiempo real a titulares de explotación y transportistas, destinatarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la propia Administración.

Desde mayo se han llevado a cabo más de cien jornadas y charlas informativas sobre el DAT que ha contado con una asistencia superior a 7.000 agricultores y técnicos.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha enviado un folleto de recomendaciones a más de 12.000 explotaciones de alto riesgo en el control de higiene para el cumplimiento de la normativa.

Ya se han dado de alta de oficio 257.000 titulares de explotaciones y 4.700 destinatarios de mercancías en la aplicación DAT. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad disponen ya de casi 600 usuarios autorizados en la aplicación DAT.

Pese a no ser obligatorio aún, el uso de la aplicación alcanza ya los mil portes semanales. Se estima que la entrada en vigor supondrá la generación de entre seis y nueve millones de documentos de acompañamiento al transporte cada año.