El informe que se discute mañana señala la importante labor que tendrán los TSJ frente al covid tras el 9 de mayo
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El informe para la Comisión Europea que se debatirá mañana el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021 que realiza anualmente el órgano europeo, advierte de que el principal impacto de la reciente reforma instada por PSOE y Unidas Podemos, y que le impide hacer nombramientos estando en funciones, se verá en el Tribunal Supremo, donde actualmente hay siete vacantes que no se podrán cubrir.
En el borrador del informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el CGPJ explica a la Comisión Europea en qué cosiste la reforma del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que le resta atribuciones, y cuestiona la técnica legislativa empleada en el texto, que ha obligado a este órgano a encargar incluso un informe técnico para conocer su alcance.
En tono informativo, el órgano de gobierno de los jueces explica a Europa en este informe qué cargos concretos en la cúpula judicial no puede nombrar a partir de ahora y añade que las atribuciones que se le ha retirado está vinculada "a las funciones constitucionales del Consejo, significadamente el amparo institucional" (a jueces que lo reclamen), calificándolas de "indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de juzgados y tribunales".
En repuesta otra pregunta, relativa a la renovación, el informe recuerda a la Comisión Europea que el órgano sigue sin renovarse pese a que ha llegado a hacerse público que el acuerdo político ha estado cerca de alcanzarse en diversas ocasiones y pese a las insistencias del propio Consejo, que en varias ocasiones ha evitado llevar a cabo nombramientos de carácter discrecional para facilitarlo.
Sobre su impacto, el borrador que se someterá mañana a debate --primero en la Comisión Permanente y por la tarde en el Pleno Extraordinario-- señala que la imposibilidad de realizar nombramientos se hará sentir sobre todo en el Supremo, ya que las presidencias de las audiencias provinciales, TSJ, Audiencia Nacional y presidencias de sala se seguirán ejerciendo en funciones. Hay actualmente 7 vacantes en el Tribunal Supremo.
Preguntado por una reciente encuesta realizada por el CGPJ que arroja el interés del 90 por ciento de los jueces por elegir ellos mismos a los miembros de este órgano, el borrador desplaza este debate a las cámaras parlamentarias, puesto que cuando se planteó el modelo de elección no se le dio traslado para que diera su opinión.
El informe tiene formato de entrevista (pregunta/respuesta) y en una de ellas la Comisión Europea se Interesa por las iniciativas de sensibilización y comunicación llevadas a cabo por este órgano sobre el sistema de justicia, a lo que el CGPJ contestará que cuentan con una oficina de Comunicación que pone a disposición de los medios diariamente decenas de resoluciones judiciales, además del acceso gratuito de los ciudadanos a los archivos del CENDOJ.
En este punto, que es uno de los que se responden de modo más extenso, el CGPJ saca pecho con la celebración de juicios virtuales retransmitidos íntegramente, como fue el del 'procés', y habla también del programa Educar en Justicia dirigido a estudiantes de secundaria, así como de las jornadas de puertas abiertas del Supremo.
FRENTE AL COVID
Preguntado por jurisprudencia reciente frente a la crisis del COVID, el CGPJ se plantea responder con las decisiones del Tribunal Supremo, que han supuesto "una importante labor de control de la legalidad" y de protección de los derechos fundamentales de la persona; y habla igualmente de la importante función de los Tribunales Superiores de Justicia a la hora de ratificar las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias autonómicas una vez finalice el estado de alarma el próximo 9 de mayo.
En relación con el derecho de reunión, recuerda a las autoridades europeas que los tribunales españoles han examinado las circunstancias concretas concurrentes para la celebración de manifestaciones, partiendo de que el Real Decreto de Estad de alarma no suspendió este derecho fundamental "ni expresa ni implícitamente", pese a limitar de forma temporal otros "para proteger la salud de los ciudadanos y concretando su análisis en el principio de proporcionalidad".
El borrador del informe que se someterá a debate también cita el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que denegó el cierre perimetral.
Finalmente, y sobre otros retos del poder judicial en España, el informe redactado por la vocal Nuria Díaz Abad que se estudiará mañana cita el redimensionamiento de la planta judicial, la mejora de la organización interna y territorial, la modernización digital o la actualización del procedimiento penal.
