MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se ha dirigido hoy a la ministra de Seguridad Social para trasladarle su disconformidad con la Orden que establece los requisitos para la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social en lo que respecta a la cotización por períodos de prácticas formativas y académicas externas realizadas antes del establecimiento de esta nueva normativa.
Desde el ICAM se considera que esta orden ministerial no solo no resuelve, sino que agrava las dificultades ya enfrentadas por los jóvenes profesionales que han realizado prácticas no remuneradas y remuneradas en su etapa formativa.
Específicamente, la obligación de acreditar mediante certificación la realización de estas prácticas, sumado al requisito de que dichas prácticas deben haberse realizado en fechas específicas y bajo ciertas condiciones, representa una carga administrativa desproporcionada y un obstáculo significativo para aquellos que buscan regularizar su situación ante la Seguridad Social.
Además, el requerimiento de suscribir el convenio especial dentro de un plazo de dos años y el hecho de que se impongan condiciones retroactivas, en términos de cotización, no solo es injusto sino que también penaliza a aquellos que en su momento no tuvieron opción de incluirse en el sistema de Seguridad Social.
Estas condiciones implican una penalización económica considerable para los profesionales que ya enfrentan desafíos significativos en un mercado laboral competitivo y en ocasiones precario.
El ICAM urge al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a reconsiderar esta normativa y buscar soluciones que verdaderamente apoyen la integración de estos profesionales al sistema de Seguridad Social sin imponerles cargas retroactivas que no corresponden a la realidad de su situación laboral en el momento de sus prácticas.
Por ello, el ICAM ha solicitado una reforma que sea justa, equitativa y considerada, que realmente refleje las necesidades y las realidades de los abogados y profesionales jóvenes de España.
Por su parte, el diputado responsable de abogacía joven, Gabriel Rodríguez, ha expresado que la orden les genera "una profunda preocupación y desacuerdo con las medidas impuestas, que afectan directamente a la futura inserción laboral y seguridad social de los jóvenes abogados de nuestro país".
"Así, la imposición de costes de cotización retroactivos representa una barrera económica considerable que puede desmotivar a muchos jóvenes profesionales a regularizar su situación, dejándolos en una posición aún más vulnerable2, señala.
"Como representante de la abogacía joven, me comprometo a promover una reforma inmediata de esta orden. Nuestro objetivo es facilitar, y no obstaculizar, el camino de los jóvenes profesionales hacia una integración plena y justa en nuestro sistema de Seguridad Social", agrega.
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