Una delegación de AI se reúne con el lehendakari y otras autoridades para presentar una Agenda de Derechos Humanos para Euskadi
VITORIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha entregado a las autoridades vascas una Agenda de Derechos Humanos para la situación de Euskadi tras el cese de la violencia por parte de ETA. En ella, ha solicitado que los derechos humanos sean "la hoja de ruta en todo momento de la nueva situación que vive Euskadi" tras la renuncia de ETA a la violencia.
Una delegación de la organización, encabezada por su directora general de investigación, Nicola Duckworth, y por el director de AI en España, Esteban Beltrán, mantuvo encuentros este pasado jueves con el lehendakari, Patxi López; el Ararteko, Iñigo Lamarca; el comisionado para la convivencia y la memoria, Jesús Loza; y representantes del PNV, PSE-EE, PP, Aralar y Amaiur.
Según ha explicado Duckworth en una rueda de prensa celebrada en Vitoria, su presencia en el País Vasco se debe a que se "abren nuevas oportunidades para llegar a soluciones positivas de aquellos temas que afecten a los derechos humanos", para lo cual AI ha entregado a las autoridades una Agenda de Derechos Humanos para Euskadi.
Dicha agenda incluye asuntos como el acceso de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la "verdad, justicia y reparación" o la necesidad de garantizar que los derechos humanos sean "la hoja de ruta en todo momento de la nueva situación que vive Euskadi" tras la renuncia de ETA a la violencia.
A su vez, el informe insta a que se deroguen algunos artículos de la Ley Antiterrorista y de la de Partido Políticos. En esta cuestión, Duckworth ha emplazado a que "se ponga punto final" a la incomunicación para los detenidos acusados de terrorismo y a que se introduzcan cambios en la legislación, la cual "actualmente permite una interpretación muy amplia del término terrorismo, lo que puede afectar negativamente a quienes aboguen por cambios de manera pacífica".
Por otro lado, la agenda aboga por establecer mecanismos independientes para investigar posibles casos de tortura y malos tratos y por desarrollar protocolos de uso de la fuerza.
También trata el tema de la crisis económica, puesto que llama a analizar sus efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales y a promover una legislación autonómica que los garantice.
RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN
En su intervención, Beltrán ha considerado "muy positivo" el reconocimiento y la reparación que obtuvieron las víctimas de ETA y otros grupos armados en la ley vasca de 2008. Asimismo, ha estimado que la reparación de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad a través de un próximo decreto ley del gobierno vasco -que abarca víctimas desde 1960 a 1978- es "un paso en la dirección correcta".
No obstante, ha expresado la "preocupación" de AI por la posibilidad de que no todas las víctimas de violaciones y abusos tengan acceso a la justicia. Se ha referido, de esta manera, tanto a las víctimas de las primeras décadas de atentados de ETA como a las de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad a las que se refiere el primer decreto elaborado por el Gobierno vasco.
En esta línea, Duckwoth ha confiado en que "las víctimas de tortura no sean olvidadas" en el segundo decreto que planea desarrollar el Ejecutivo, que abarcaría a las víctimas de malos tratos desde 1978 a la actualidad.
En concreto, a Amnistía Internacional le "preocupa" que el Gobierno vasco "no parece estar poniendo en práctica todas las recomendaciones del Ararteko sobre malos tratos y tortura, como la identificación de los agentes o la mejora de las investigaciones de estos casos".
USO DE LA FUERZA
En esta línea, Beltrán ha afirmado que el Ejecutivo "debería investigar alegaciones de tortura en vez de querellarse contra aquellos que las denuncian", en referencia a la iniciativa aprobada en el Parlamento en 2010 en la que se instaba a Interior a querellarse "ante cualquier intento de erosionar la correcta actuación de la Ertzaintza".
En cuanto al "uso excesivo de la fuerza" por parte de los efectivos policiales, la delegación de AI ha insistido en la necesidad de crear mecanismos de investigación independientes para casos como el de Iñigo Cabacas, el joven que falleció este año en Bilbao por el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza.
Asimismo, ha emplazado a adoptar un protocolo marco sobre el uso de la fuerza, ante lo cual, según ha asegurado Beltrán, el lehendakari se ha comprometido a estudiar su implantación.
CRISIS Y AMNISTÍA
Respecto a la crisis económica, Beltrán ha asegurado haber recibido "con satisfacción" el anuncio del lehendakari de no aplicar la reforma sanitaria aprobada por el Gobierno central, especialmente, en el sentido de seguir manteniendo la cobertura a las personas inmigrantes en situación irregular, enfermos crónicos o mayores de 26 años que no hayan cotizado a la Seguridad Social.
La organización de derechos humanos ha pedido a López que "cualquier recorte que se acometa" vaya precedido de un informe del impacto que podrían tener estas medidas sobre los colectivos más vulnerables. Igualmente, ha solicitado a los grupos parlamentarios que ejerzan un "riguroso control" al Gobierno en este asunto.
Beltrán ha recordado que la salud, la educación y la vivienda "no son solo servicios sociales, sino derechos de las personas", y ha subrayado la necesidad de que los derechos económicos, sociales y culturales "sean exigibles ante la justicia en caso de que sean violados".
Por otra parte, el director de AI en España ha apuntado que la organización es desfavorable a la amnistía para presos, ya que "no puede haber impunidad". Beltrán ha aceptado que "se pueden tomar medidas de gracia, pero no amnistías generales".
