Kontsumobide podrá acordar en sus sanciones la devolución de las cantidades indebidamente percibidas a los consumidores
VITORIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias que se presenta como "una adaptación a la normativa a los nuevos hábitos de consumo, con especial protección a las personas más vulnerables", con medidas como la prohibición de venta a domicilio sin cita previa.
También incluye la posibilidad de que Kontsumobide pueda acordar en sus sanciones la reposición de la situación y la devolución de las cantidades indebidamente percibidas a las personas consumidoras, además de otros daños y perjuicios por la comisión de una infracción.
El dictamen del proyecto de Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias ha contado con el voto a favor de PNV, PSE-EE, Elkarrekin-Podemos-IU y PP+Cs, y el voto contrario de EH Bildu y Vox.
En el pleno, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha destacado que se ha "actualizado una ley con más de 20 años de vigencia, aportando una mayor protección en los derechos de las personas consumidoras, una adaptación a la normativa a los nuevos hábitos de consumo y una especial protección a las personas más vulnerables".
También ha señalado que era necesario contar con una norma "adaptada a las nuevas regulaciones", tanto estatales como europeas, y tener en cuenta la creación de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo. "Debemos recordar el rol clave de Kontsumobide en defensa de los derechos relacionados con el consumo, tanto en su faceta de información y formación como en la de control de mercado. En 2022 atendió más de 9.600 consultas y más de 14.600 reclamaciones. Además, realizó 4.000 actuaciones inspectoras e impartió cursos de formación a 29.000 personas", ha detallado.
Hurtado ha señalado que la ley "ofrece herramientas a las empresas para mejorar sus buenas prácticas, sienta las bases del impulso a un consumo responsable y a una sociedad más justa y comprometida con la sostenibilidad".
El consejero ha destacado como "importante novedad" la prohibición de venta a domicilio sin cita previa, que principalmente afecta a las personas mayores, y ha detallado que el artículo 30 específica que la autorización deberá obtenerse al menos con 48 horas de antelación y contener todos los datos de quién la realiza, para permitir a la persona consumidora reflexionar sobre su compra.
Asimismo, ha explicado que el Estatuto protege a los colectivos y personas en situación de vulnerabilidad a través del régimen sancionador, ya que se específica que una infracción leve puede considerarse grave si explota la especial situación de indefensión.
Javier Hurtado ha indicado que otra de las características destacadas del Estatuto es que "refuerza con carácter general la protección, amparo e información a las personas consumidoras y usuarias", gracias a una mayor protección de derechos relacionados con la información.
Como ejemplo, ha informado de que en los contratos de servicios de interés general en viviendas, tales como agua, electricidad, gas, teléfono o Internet, regulados en el artículo 36, se impondrá la obligación de la empresa de ofrecer un plazo de subsanación de 30 días antes de interrumpir la prestación.
El Estatuto regula las obligaciones en los servicios de atención a la clientela, lo que incluye la obligatoriedad de atender sus quejas y reclamaciones. Se establece como máximo un mes de plazo para dar respuestas a dichas quejas y reclamaciones.
INSPECCIÓN DE CONSUMO
Hurtado ha afirmado que la Inspección de Consumo "se refuerza y optimiza en la línea con las normas europeas". Como novedad, autorizará al personal inspector a no identificarse cuando por tal motivo pueda frustrarse la finalidad de su actuación --artículo 119--. Asimismo, se contempla publicitar sanciones concretas de modo ejemplarizante.
Al respecto, ha destacado la "novedad jurídica pionera", referida a la regulación de la devolución de las cantidades percibidas indebidamente --artículo 156--. Kontsumobide podrá acordar en sus sanciones la reposición de la situación y la devolución de las cantidades indebidamente percibidas a las personas consumidoras, además de otros daños y perjuicios por la comisión de la infracción.
"Además de la sanción administrativa, se determinará el importe de la indemnización al cliente, que podrá hacerse efectiva por la propia Administración con el fin de reforzar la protección de la persona consumidora", ha explicado.
En lo relativo a los derechos lingüísticos de las personas consumidoras, ha indicado que la ley "opta por fomentar y no imponer el uso de una lengua", y por dotar a la Administración de un "papel activo" en el impulso al uso del euskera.
En el debate, la parlamentaria de PNV Eva Juez ha defendido la necesidad de "actualizar este estatuto para poder hacer frente a los nuevos retos" y ha defendido que "cuando ocurre la vulneración de los derechos se tiene que corregir la situación y la ley también ha puesto el foco en esa reparación".
"Con esta nueva ley queremos proteger y ayudar a las personas consumidoras. Queremos impulsar el consumo responsable porque es beneficioso para todos y todas, y queremos proteger a las personas más vulnerables", ha subrayado antes de agradecer el trabajo "enriquecedor" de todos los grupos en el trámite parlamentario.
La parlamentaria de EH Bildu Itxaso Etxebarria ha anunciado su voto en contra a la ley al entender que en la sociedad de consumo actual, es necesaria "más protección y más garantías de las que ofrece esta nueva ley". Tras defender que su grupo ha hecho "un esfuerzo para enriquecer" el proyecto de ley, ha denunciado que de las 158 enmiendas presentadas, sólo se han aceptado once enmiendas y otras dos han sido transadas.
"Nos parece lamentable que el trabajo y la aportación del resto de grupos sea rechazado tan fácilmente. Al fin y al cabo, su intención debería ser aprobar la mejor ley posible dejando de lado el partidismo y el rodillo", ha reprochado antes de denunciar que "no solo no se han recogido sus propuestas, además hay artículos que han empeorado".
El parlamentario del PSE Txarli Prieto ha destacado que en el trámite parlamentario, el proyecto "se ha reforzado" con "más de medio centenar de aportaciones han mejorado el proyecto de ley" abordando aspectos como "el concepto de mediación, la defensa y protección de consumidores y usuarios o la definición de empresa de servicios básicos". "Estamos ante una ley de indudable importancia y trascendencia, que afecta a innumerables y cotidianos actos cada día del conjunto de la ciudadanía", ha subrayado.
La parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea ha informado que apoyan la ley al entender que es "necesaria" porque "los usos y costumbres de los consumidores que han cambiado muchísimo en muy poco tiempo, por la entrada de Internet, de la contratación de servicios a distancia", entre otros aspectos, pero ha advertido de que su voto "no está exento de un componente crítico", ya que consideran que la ley es "manifiestamente mejorable".
En el turno de explicación de voto, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha reconocido que la ley podría haber sido "más ambiciosa si se hubieran aceptado algunas de las enmiendas de la oposición" y ha puesto en valor que el nuevo texto "refuerza el control y la capacidad de intervención pública sobre el mercado en las prácticas comerciales" y "concreta y define derechos de las personas consumidoras que no estaban definidos en la legislación autonómica actual".
Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha defendido que el mejorar el proyecto de ley actual "era algo necesario" pero cree que el Gobierno debería ser "más ambicioso". Además, ha defendido que "no se puede imponer a las empresas privadas requisitos lingüísticos en su relación con sus clientes".
