BILBAO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, ha manifestado que incluir en la Constitución un límite al déficit y la deuda "está lastrando la propia capacidad del Estado de hacer política económica anticíclica", así como la de "mantener redes de protección social que hagan frente a las consecuencias de la crisis".
En un artículo publicado en su blog titulado "Consideraciones desordenadas sobre la constitucionalización del no-déficit", recogido por Europa Press, Sordo ha indicado que "no se trata de hacer apología del déficit", ya que éste "sale caro", pero "una norma legal que impida dogmáticamente mantener un déficit público reconducible en el futuro" considera que "está condenando a mantener un déficit futuro, no sólo fiscal, sino social".
"El gran problema de España es su paro, la composición de su tejido productivo, la productividad de una economía que se ha basado excesivamente en elementos con pies de barro. Eso está determinando el déficit", ha indicado.
Asimismo, Sordo se pregunta qué hubiera tenido que hacer el Estado en los 24 meses en los que sus cuentas públicas sufrieron un "pendulazo" de más de 13 por ciento del PIB. "¿Reducir su gasto público en esos términos hasta el equilibrio presupuestario?, ¿qué consecuencias sociales hubieran tenido esas medidas?, ¿y económicas? ¿hasta dónde y cuándo hubiera llegado una recesión de detraer de la economía esos recursos?", se ha cuestionado.
A su juicio, en toda Europa se está produciendo "una recomposición económica, política e ideológica de consecuencias imprevisibles" y ha calificado de "lamentable" que se pretenda tener un espacio económico común y, "lejos de avanzar en su institucionalización política, se estén dando pasos reaccionarios en ese sentido".
"Instaurar y constitucionalizar una práctica que exige abrazar el neoliberalismo como ideología de gobierno necesaria es algo que me cuesta creer que se haya evaluado suficientemente", ha lamentado.
Para Sordo, se trata de "un error grave", diferido en el tiempo, pero, probablemente, "la medida más estructural y peligrosa que se ha tomado", porque "no sólo debilita el estado social en el difícil tránsito de la crisis", sino que "pretende jibarizar la actuación pública con o sin crisis".
