CC.OO. Euskadi denuncia que las pensiones de 1.000 euros al mes dejarán de percibir 680 euros a final de año

BILBAO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CC.OO. ha asegurado que la actualización de las pensiones por debajo del IPC llevada a cabo por el Gobierno central, unido a la merma de 2010 y 2011, supondrá que una pensión de 1.000 euros al mes "pierda a final de año un total de 680 euros".

En un comunicado, la central ha explicado que, para llegar a esta cifra de pérdida retributiva, han sumado los "410 euros de merma del 2010 y 2011", por el doble efecto de revalorización y no actualización, a los "270 euros que va a perder este año", llegando así a los citados 680 euros.

Tras considerar "inconstitucional" la reciente actualización por debajo del IPC, el sindicato ha recordado que en Euskadi hay 511.559 pensiones, que de media alcanzan los 1.031 euros al mes, por lo que el "golpe" a las pensiones "resulta especialmente duro" para un colectivo "que paga hoy más por los medicamentos, por la electricidad y otros bienes de primera necesidad", al tiempo que sufre el "desmontaje" de la Ley de Dependencia.

Por otra parte, han señalado que esta última decisión del ejecutivo de Mariano Rajoy de no revalorizar las pensiones con arreglo al IPC "supone un coste acumulado para los pensionistas vascos de más de 140 millones de euros".

"Es una cifra muy relevante que no dinamizará el alicaído consumo interno ni contribuirá en consecuencia a la creación de empleo en Euskadi y supone, además, un nuevo paso hacia el 'austericidio'", han manifestado.

"DERECHO ADQUIRIDO"

CC.OO Euskadi ha recordado que la actualización de las pensiones es "un mandato legal previo y, por lo tanto, un derecho ya adquirido y consolidado" para cada una de las personas que percibe una prestación contributiva.

Por ello, el sindicato entiende que la decisión del Gobierno del PP es "contraria" a la Ley General de Seguridad Social (LGSS) y a la Constitución. Según ha indicado, promoverá "todas las acciones" que prevé el ordenamiento jurídico para reclamar el correspondiente recurso al Tribunal Constitucional, a través de la Defensora del Pueblo o bien emplazando a ello a los distintos grupos parlamentarios.