Advierte de que no prevé medidas específicas que cubran las necesidades de niños de origen migrante sin referentes familiares
BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El CES vasco considera "garantista, integral y transversal" el anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia elaborado el Gobierno Vasco, pero aconseja que se emplee "un lenguaje inclusivo" y prestar atención a la diversidad. Además, advierte de que no prevé medidas específicas que cubran las necesidades de niños de origen migrante sin referentes familiares.
El Consejo Económico y Social, de carácter consultivo, ha emitido un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia, elaborado por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en el que estima adecuada su tramitación, y califica de "positivo" el nuevo marco regulatorio "de carácter integral, ya que contribuye a que exista una menor dispersión dentro del ordenamiento jurídico vasco y facilita la interpretación y aplicación de las distintas normas, tanto estatales como autonómicas, que afectan a las personas menores de edad".
En este sentido, cree que la iniciativa legislativa es "garantista, integral y transversal, debido a que tiene en cuenta a la infancia y la adolescencia como sujetos de derecho, e integra términos como la promoción a todos los niveles, la obligatoriedad de los informes de impacto en la infancia en todos los proyectos de ley o la participación infantil".
No obstante, realiza una serie de recomendaciones, como reducir la extensión de la norma, "evitando redundancias y relegando a desarrollo reglamentario parte del contenido". También propone eliminar el Capítulo de Deberes de los niños y adolescentes "por carecer de lógica jurídica".
En cambio, considera necesario incorporar las referencias concretas y conexiones con otras leyes que tienen relación con los niños y adolescentes, así como incluir algún articulado que tenga en cuenta las especificidades de la adolescencia.
PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
A la hora de elaborar la norma, plantea que se promueva "la participación real de niños, niñas y adolescentes". Para ello, recomienda incorporar espacios de reflexión, formación y debate específicos para ellos, y los recursos necesarios para su acompañamiento. Además, sugiere que se considere la participación de niños que se encuentran o hayan estado en el sistema de protección.
También cree conveniente fomentar entre los niños y adolescentes "el conocimiento y el cumplimiento de sus deberes, obligaciones y responsabilidades, tanto desde el ámbito familiar, comunitario, como del educativo, y fortalecer las responsabilidades de todas las instancias en el acompañamiento de estos y estas hasta alcanzar su plena autonomía".
El texto aconseja garantizar en la Ley la coordinación entre los diferentes agentes "para una mejor comprensión y aplicación de la misma, y sugiere revisar la duplicidad de los nombres de figuras incluidas en el documento, así como la profusión de órganos con funciones similares". Asimismo, propone "dotar de mayor fuerza" a la figura de la Oficina de infancia y adolescencia del Ararteko.
En referencia a la administración pública, el CES insta a prever los recursos necesarios para apoyar casos concretos de discapacidad de cualquier tipo, de manera que las personas menores discapacitadas puedan relacionarse con ella "en igualdad de oportunidades".
PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS
Con un enfoque de prevención, considera "necesario diseñar en el marco de la acción protectora de las administraciones políticas de salvaguarda y espacios seguros, para garantizar la detección, reporte y respuesta ante todos los tipos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes".
Además, emplaza a incluir en "la universalidad de las prestaciones vinculadas a la crianza y a la lucha contra la pobreza infantil", y señala que debería promover la accesibilidad e incremento de los recursos destinados a la salud mental, para evitar la exclusión social.
LENGUAJE INCLUSIVO Y DIVERSIDAD
El CES recomienda emplear un lenguaje inclusivo, y prestar atención a la diversidad, "para dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud de los niños, niñas y adolescentes".
En su informe, advierte de que, cuando se regula el derecho a la educación, no se hace referencia alguna a las personas menores con altas capacidades, "que también requieren adaptaciones y ajustes específicos en el ámbito educativo".
Relacionado con este último punto, afirma que la norma no prevé medidas específicas que cubran las necesidades de niños de origen migrante sin referentes familiares, ni reconoce "las barreras que existen en el ámbito rural para el acceso a servicios".
El informe muestra su "preocupación por cómo se recoge lo relativo a los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes trans, ya que no se especifica de qué manera se articula y se garantiza esa libertad".
Además, invita a revisar los términos utilizados para hacer referencia a la diversidad familiar y la diversidad cultural, con la utilización de términos "que reflejen los diferentes tipos de familias, como por ejemplo figura parental o marental, y términos más adecuados para referirse a la diversidad cultural, como 'identidad cultural' o 'país de origen'".
Por último, aconseja usar el término "personas menores de edad", frente a la utilización de menor o menores, "a no ser que sea necesario hacer hincapié en la minoría de edad por alguna razón con fundamento jurídico".
