No aprecia irregularidad en la regresión de grado y el uso de medios coercitivivos en el caso de un recluso que provocó una pelea multitudinaria
BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ararteko ha instado al Gobierno Vasco a estudiar la implantación de un régimen de primer grado en las cárceles de Euskadi para evitar el traslado de presos cuando se produzcan regresiones de grado por incidentes graves o peligrosidad, al carecer de ello las prisiones vascas, lo que va en detrimento de su reinserción y les aleja de su entorno familiar.
En su resolución dirigida al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, el Defensor del Pueblo Vasco no aprecia irregularidad en la regresión de grado de un recluso que provocó una pelea multitudinaria en la prisión de Basauri, ni en el uso de medios coercitivos por funcionarios de la cárcel de Zaballa. No obstante, recomienda que antes de adoptar estas medidas coercitivas lo comunique a la autoridad judicial.
Este recluso presentó el 30 de agosto de 2022 una queja ante el Ararteko, en la que solicitaba su intervención por "malos tratos" por parte de los funcionarios con motivo de unos incidentes violentos en el centro penitenciario de Basauri y posteriormente en el de Álava, a donde fue trasladado posteriormente el recluso.
El Defensor solicitó al Ejecutivo vasco información al respecto y el Departamento le remitió un informe en el que relataba en Basauri este preso "fue protagonista de una pelea multitudinaria", en la que intervinieron todos los funcionarios de servicio de esa tarde, junto con el Jefe de Servicios para controlar la situación.
A consecuencia de "esta participación activa" del recluso en estos incidentes, se procedió a su aislamiento provisional y a solicitar el traslado urgente al centro de Zaballa, mientras se resolvía la propuesta de regresión a primer grado que la Junta de Tratamiento acordó por unanimidad.
Una vez en la cárcel alavesa, éste se resistió "activamente a ser cacheado e intentó, resistiéndose, zafarse de la sujeción de los funcionarios", por lo que, "una vez reducido, se procede a su sujeción mecánica". El informe médico reflejó que el recluso presentaba una erosión leve en la cara compatible con el forcejeo.
El informe del Gobierno Vasco destacaba que se cumplió la normativa y no constan irregularidades en la aplicación de los medios coercitivos ni en la solicitud del traslado urgente del recluso, algo que avalaron posteriormente el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, el Servicio de Inspección y el Servicio de Gestión y tratamiento del Centro Directivo, después de que el recluso asegurara haber sido objeto de "abusos, agresiones, vejaciones y coacciones".
Una vez determinada su progresión de grado, el preso fue trasladado a Dueñas (Palencia), al no disponer de un régimen de este tipo de la Comunidad Autónoma Vasca y contemplarse esta posibilidad de traslado a otros centros penitenciarios del Estado en el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias por el que transfirió la competencia de Prisiones a Euskadi.
RECOMENDACIONES
En su resolución, el Ararteko realiza una serie de recomendaciones al Gobierno Vasco en este tipo de casos, al considerar que su alejamiento puede ocasionar perjuicios para la reinserción de los reclusos.
Por ello, le emplaza a que "valore la necesidad de habilitar un régimen de primer grado" en Euskadi para "evitar traslados por regresión de grado a prisiones alejadas del País Vasco de aquellas personas que debieran cumplir pena privativa de libertad en Euskadi como corresponde a una administración penitenciaria integral".
Para ello, pide que "se tome en consideración una implementación garantista y orientada a la reinserción social del régimen cerrado". Mientras no se establezca dicho régimen en Euskadi, emplaza a que "se adopten las medidas oportunas de seguimiento y coordinación con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para asegurar que estos traslados no sólo no interrumpan, sino que se integren en los procesos individuales de reeducación y reinserción social en Euskadi a futuro de las personas que cumplen penas privativas de libertad".
Asimismo, aconseja que, "en la medida de lo posible, se evite el traslado de aquellas personas que hayan denunciado haber sido sometidas a torturas, malos tratos de palabra u obra, o haber sido objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas por parte del personal penitenciario; o sin mediar denuncia, se tenga conocimiento o sospecha de tales hechos".
Por último, recomienda que, al aplicar medios coercitivos, "se actúe de acuerdo con lo establecido en las leyes y que su uso se rija por los principios de necesidad, proporcionalidad, respeto a la dignidad humana, legalidad, prohibición de exceso, idoneidad de medios y congruencia".
También llama a adoptar "las medidas necesarias para evitar que en el futuro puedan producirse omisiones en la comunicación de la aplicación de medios coercitivos a los órganos de control e inspección interna y a la autoridad judicial correspondientes".
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