EH Bildu "revisará las relaciones" de los ayuntamientos con los bancos y apoyará la "objeción" ante los desahucios

BILBAO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskal Herria Bildu "revisará" las relaciones con las entidades financieras que realicen desahucios en los ayuntamientos que gobierna e impulsará el realojo en pisos de alquiler social de las personas que hayan perdido su primera vivienda. Además, apoyará a los trabajadores municipales que opten por la "objeción" y se nieguen a participar en estos procesos.

Estas medidas forman parte de un protocolo impulsado por la coalición para "ayudar a quienes se enfrentan a esta grave situación" y, al mismo tiempo, hacer frente al "injusto sistema de desahucios en sí". La propuesta será desarrollada en los ayuntamientos en los que EH Bildu gobierna y presentada para su debate en los municipios en los que se encuentra en la oposición.

Una veintena de alcaldes, concejales y representantes de la coalición abertzale han presentado este protocolo en una rueda de prensa en Bilbao, en la que han defendido la suspensión indefinida de todos los desahucios y la modificación de la legislación "en términos de defensa de los derechos de la ciudadanía". Asimismo, han reiterado el apoyo de EH Bildu al derecho a la vivienda y han denunciado la actitud tanto del Gobierno central como de la banca.

El alcalde de Berriozar, Xabier Lasa, y la alcaldesa de Sopelana, Saioa Villanueva, han explicado esta propuesta que consta de nueve puntos y que recoge la necesidad "imprescindible" del trabajo en común entre las instituciones y los organismos sociales que trabajan contra los desahucios, para lo que proponen la posibilidad de crear una comisión municipal especial dedicada a este asunto.

En la misma línea, el protocolo defiende la apertura de los ayuntamientos a las personas afectadas por esta problemática y, por ello, plantea el nombramiento de un edil asignado a esta responsabilidad, así como la habilitación de un número de teléfono y una dirección de correo electrónico.

Entre las medidas diseñadas, se contempla además que los ayuntamientos se pongan en contacto con las entidades bancarias cuando inicien un proceso de desahucio para exigirle la paralización y dar a conocer las propuestas que realicen los afectados.

La coalición plantea que estas exigencias se efectúen de forma especial en Kutxabank, "en la medida en que los ayuntamientos son parte" del banco vasco, y por ello se "canalizará" a través de su estructura interna la demanda de que se anulen todos los procedimientos iniciados en los juzgados.

En función de este protocolo, los ayuntamientos "revisarán las relaciones económicas, institucionales y de cooperación" con las entidades financieras en función de su actitud ante los desahucios y se estudiará la posibilidad de "cortar relaciones" con aquellas entidades que los realicen, en función de la situación de cada municipio.

En este sentido, el alcalde de Berriozar ha precisado que, en el caso de imposiciones a medio o largo plazo, "sí habría que cortar", pero "otra cosa es el cada día, que está sujeto a una problemática diferente". "Tiene que ser analizado con absoluto rigor en cada municipio", ha explicado Saioa Villanueva.

NO PARTICIPAR EN LOS DESAHUCIOS

Asimismo, se establece que desde los consistorios no se apoyará ni participará en los procedimientos de desahucios y, en consecuencia, se apoyará la "objeción" y se defenderá a los trabajadores municipales, principalmente policías locales, que se nieguen a participar en ellos cuando sean requeridos para participar en la ejecución.

El protocolo también recoge el impulso del trabajo en común con entidades de vivienda autonómicas y forales y "exigir responsabilidad a los bancos y empresas inmobiliarias que cuenten con viviendas vacías" para dar "una solución de urgencia" a las personas que se han quedado sin su vivienda, "tomando como principal referencia el alquiler social".

Finalmente, contempla la convocatoria de una concentración contra los desahucios y por el derecho a la vivienda cada vez que se ejecute un procedimiento de desahucio.