BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
EL Gobierno de Mariano Rajoy ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la demanda interpuesta contra la 26 promoción de la Ertzaintza, integrada por 250 agentes, que ya recurrió la Abogacía del Estado el 28 de septiembre. El tribunal vasco dará un plazo de 20 días al Ejecutivo vasco para que responda a la demanda, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
La formalización de la demanda se produce cuando ambas Administraciones se encuentran en conversaciones para analizar si es posible la retirada de recursos interpuestos por el Gobierno central contra leyes y resoluciones vascas.
El recurso contra la 26 promoción de la Ertzaintza se presentó el 28 de septiembre pasado, después de que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu recurriera ante el Tribunal Supremo la anulación de la 25 promoción de la Policía vasca, que contaba con más de 250 plazas.
El pasado viernes se formalizó la demanda contra la última promoción tras recibirse el correspondiente expediente. El TSJPV abrirá ahora un plazo de 20 días para que el Ejecutivo vasco realice las alegaciones que considere oportunas.
Pese a que el Tribunal vasco anuló la 25 promoción de la Ertzaintza --ahora recurrida ante el TS-- los más de 250 agentes que aprobaron la OPE se encuentran en fase de formación, ya que el TSJPV ha rechazado la petición de ejecución provisional de la sentencia. Además, pese a la impugnación de la 26 promoción, el Gobierno de Urkullu prevé también el inicio del curso de formación para estos ertzainas en el primer semestre de 2017.
En la sentencia por la que el TSJPV anuló la anterior promoción, argumentó que era un "hecho" que no se aprobó la Oferta Pública de Empleo como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ni se respetó la tasa de reposición, por lo que procedía aplicar los límites establecidos en relación con la contratación de nuevo personal, a los que "no se ajusta" la convocatoria.
El Gobierno central justificó la presentación del recurso por la mejora de las condiciones de seguridad en Euskadi, por el fin de la actividad terrorista de ETA, y la reducción de los servicios de escolta y protección.
