Gobierno vasco dice que la orden de los servicios mínimos del 27-E incluye las sentencias del TSJPV sobre los recursos

BILBAO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha recordado que la Orden del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales notificada el pasado viernes, 21 de enero, por la que se regulan los servicios mínimos de la huelga general convocada para el próximo jueves, día 27, incluye, "como no podría ser de otra manera", las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) como consecuencia de los recursos presentados por los sindicatos.

En un comunicado, el Ejecutivo autónomo ha precisado que en ninguna de ellas se hace mención a la necesidad de introducir cambios en los porcentajes establecidos por el Departamento para el mantenimiento de los servicios esenciales que se han de prestar a la comunidad durante la huelga, por lo que en la actual Orden se han mantenido los mismos criterios que en anteriores ocasiones a la hora de fijar los servicios mínimos.

En concreto, y en relación con los últimos recursos presentados para la huelga general del sector público del 25 de mayo de 2010, la sentencia del TSJPV (STSJ País Vasco núm. 780/2010) establece que se argumente con mayor claridad la justificación de los servicios mínimos relativos al transporte en Centros de día, así como a la apertura de los Centros docentes no universitarios.

Igualmente, otros dos puntos recurridos, los que hacían mención a las Empresas productoras de energía y al Transporte público, han sido calificadas "conformes a derecho" por los magistrados.

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ha indicado que, además de en el Boletín Oficial del País Vasco, todas las órdenes de servicios mínimos pueden consultarse en www.gizartelan.ejgv.euskadi.net.

Por último, la Consejería ha señalado que, como viene siendo habitual en estos procedimientos, dio audiencia a las organizaciones sindicales convocantes, a la organización empresarial Confebask y a las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para que expusieran sus propuestas sobre los servicios y el personal afectado por la decisión gubernativa.