Denuncia que, a diferencia de otras comunidades, a Euskadi "se le limite la posibilidad de adoptar medidas preventivas para frenar" la covid
BILBAO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno Vasco no recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo el auto del TSJPV en el que le deniega la autorización para exigir el 'pasaporte covid' a la hora de acceder a los locales de ocio nocturno y determinados restaurantes, y ha mostrado su "incomprensión" por que se le impida adoptar una medida validada en otras comunidades autónomas para frenar la expansión de la pandemia de la covid-19.
Tras previa deliberación, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha hecho público un auto este lunes en el que rechaza avalar la implantación del certificado covid digital de la UE, pese a que ya está autorizado en Baleares, Cataluña y Galicia, y también la reclaman otras comunidades autónomas.
Entre otros argumentos, el TSJPV alega que esta medida vulneraría derechos fundamentales del segmento de la población que más inmunizada está, al haberse vacunado con la pauta completa el 90% de la población mayor de 12 años, mientras que se permite la entrada en los establecimientos de los niños menores de esa edad, que el propio Ejecutivo considera el sector que "más contagia". También reprocha que se pretenda imponer esta restricción de forma uniforme en toda Euskadi.
No es la primera vez que la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV rechaza medidas restrictivas adoptadas por el Ejecutivo vasco para atajar el aumento de la incidencia del coronavirus, pero sí era menos esperado en esta ocasión, al haber resuelto el Tribunal Supremo a favor del pasaporte covid en Galicia.
Tras conocer el contenido del auto, el Gobierno Vasco ha mostrado, en un comunicado, su "sorpresa e incomprensión" porque, además de "opiniones previas conocidas del propio sistema judicial", medidas que en otras comunidades autónomas "se dan por buenas", en Euskadi "se considera que vulneran derechos fundamentales".
El Ejecutivo recuerda que el TSJPV asegura que su función "no consiste en aplicar criterios científicos, técnicos, ni médicos", y es por eso que exige, "a diferencia de posicionamientos anteriores", que los informes se "deben aportar en términos inteligibles, y se deben justificar por razones médicas y epidemiológicas la limitación de derechos fundamentales".
En este sentido, cree que la Administración vasca cree que es "precisamente lo que ha hecho", porque tiene competencia para aplicar "criterios científicos y médicos". "Poner en evidencia el riesgo que la extensión de la pandemia supone y proponer las medidas necesarias para su contención", ha ha afirmado.
El Ejecutivo vasco ha remarcado que, en opinión del Tribunal, se "vulneran", son "los de igualdad e intimidad; el de reunión; el de la libertad ambulatoria; las libertades de expresión; y creación artística y libre desarrollo de la personalidad, estos últimos relacionados con los karaokes", y ha precisado que, a su juicio, "cualquier persona vacunada o cualquiera que sin estarlo disponga de una prueba PCR negativa reciente tiene garantizados esos derechos".
Respecto al hecho de que, pese a la "creciente" tasa de incidencia acumulada, el TSJPV considere que no debe aplicarse la medida de manera uniforme en toda la Comunidad Autónoma, el Gobierno entiende que, "en una comunidad con alta densidad de población y con un alto grado de movilidad como la de Euskadi, la naturaleza de las medidas propuestas debe aplicarse de manera uniforme para que sean efectivas". Además, ha remarcado que, en audiencia previa con los sectores afectados "se compartió este aspecto".
En lo que se refiere a la "creciente presión" del sistema sanitario (hospitalizaciones y UCI), el tribunal se acoge a que el indicador en estos momentos "no es tan grave como en otras ocasiones". "Ciertamente ahora mismo no lo es. Lo que se trata es evitar que aumente esa presión pudiendo llegar a comprometer el sistema", ha advertido el Ejecutivo vasco.
POBLACIÓN VACUNADA
También ha aludido se ha referido a la constatación por la Sala de lo Contencioso administrativo de que, con un 90% de población diana vacunada, las consecuencias para la salud se vean reducidas "en intensidad y peligro", para precisar que el Gobierno Vasco había previsto esas medidas, precisamente, "para evitar que el 10%" que no está vacunado "condicione al 90% de la población" que lo está.
Tampoco encuentra sentido a que no se deba exigir certificado covid en determinados establecimientos "solo porque al personal o a los menores de 12 años no se les exija" el certificado covid.
El Ejecutivo considera que, a diferencia de otros Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo, a Euskadi "se le limita la posibilidad de adoptar medidas preventivas necesarias para frenar el desarrollo de la pandemia".
Según ha advertido, la Comunidad Autónoma Vasca "no puede esperar para tomar medidas de este calado a que siga creciendo los niveles que pongan en riesgo el cuidado de la salud de la ciudadanía vasca, con una alta presión sobre los hospitales y las UCI, y con la cifra de personas fallecidas creciendo".
Gobierno Vasco ha defendido que "las medidas se deben tomar antes" y ha asegurado que "ese era el objetivo de la solicitud realizada al TSJPV, como así lo ha sido desde el 13 de marzo de 2020 al adoptar la Declaración de Emergencia Sanitaria y todas las medidas propuestas y adoptadas desde entonces".
Por último, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, el Gobierno Vasco ha anunciado que "no judicializará esta cuestión" y renuncia a presentar recurso al auto. "Lo que verdaderamente es urgente sigue siendo establecer medidas que sirvan para controlar la extensión de la pandemia", ha concluido.
