Arriola, que abaratará los alquileres públicos, afirma que "no podemos permitirnos el lujo de perder dinero" con estos pisos
VITORIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco incrementará los precios máximos de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) hasta un doce por ciento, de forma que un piso que hasta ahora costaba 123.000 euros pasará a tener un precio de 136.000 euros. El objetivo de esta medida, a la que acompañará una rebaja de los alquileres públicos, es evitar que la Administración "pierda dinero" con la construcción de estas viviendas.
El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha dado a conocer la orden que regula los precios máximos de las viviendas protegidas al término del Consejo de Gobierno en el que se ha dado el visto bueno a la medida, destinada a que la vivienda protegida orientada a la venta "sea autosuficiente y no consuma recursos públicos".
El incremento de los precios se aplicará a partir de las solicitudes de calificación provisional formuladas desde el pasado 1 de julio y que estén pendientes de resolución en el momento de la entrada en vigor de la orden.
Arriola ha explicado que el Ejecutivo "no puede permitirse el lujo de perder dinero público" con los pisos protegidos destinados a la compra. Además, ha recordado que su objetivo es que los precios de estas viviendas puedan "regularse" progresivamente en función de la renta de los adjudicatarios, de forma que paguen más quienes tienen más ingresos. No obstante, ha reconocido que esta medida todavía no ha podido llevarse a la práctica.
MODALIDADES
En los casos de la vivienda de protección oficial transmitidas en derecho de superficie --las construidas como norma general durante los últimos años y cuya propiedad expiraba a los 75 años--, el precio aumenta un dos por ciento. Este incremento se debe al aumento de los costes derivado de las nuevas normas de edificación y el encarecimiento de los costes de la propia edificación.
De esta forma, según datos aportados por Arriola, un piso de estas características que hasta ahora costaba 120.000 euros, pasará a tener un precio de 123.000 euros.
Las viviendas protegidas de propiedad plena, que hasta ahora costaban lo mismo que las anteriores, se encarecerán un doce por ciento. Así, para un piso de este tipo que tenía un precio de 120.000 euros, el coste pasa a ser de 136.000 euros.
A las viviendas de protección oficial de régimen especial --viviendas sociales--, se les incrementa el precio en un diez por ciento sobre el vigente, ya que estos precios, en la actualidad, "se encuentran muy distantes de sus costes de edificación y por tanto es necesaria su correcta puesta en valor".
Las viviendas de protección oficial de régimen tasado mantienen básicamente sus precios actuales, ya que se encuentran en el escalón alto de precios de viviendas de protección pública. No obstante y siguiendo la misma técnica, para determinar el precio de las viviendas de protección oficial de régimen tasado en plena propiedad se incrementan los precios máximos atribuibles en un diez por ciento por la repercusión del valor del suelo.
Por ese motivo, se regulan mecanismos de depreciación para este tipo de viviendas a medida que pasan los años, mediante la técnica de amortización lineal y considerando que en los seis primeros años no se produce depreciación de la edificación.
"DE LOS MÁS BARATOS"
A pesar de estos incrementos de precios, el consejero de Vivienda ha afirmado que los pisos protegidos que se construyen en Euskadi "siguen siendo de los más baratos de España".
En el caso del alquiler, se ha decidido rebajar el precio con el fin de "adaptarlo a las condiciones del mercado". De esa forma, se pretende que si en la actualidad los arrendatarios de los alquileres protegidos deben destinar el 30 por ciento de sus ingresos a pagar el alquiler, este esfuerzo económico se reduzca hasta el 20 por ciento. Arriola ha explicado que si el alquiler medio de un piso medio de este tipo era de 393 euros, a partir de ahora será de 282 euros.
CARACTERÍSTICAS
La orden modifica los porcentajes para el cálculo de las rentas a pagar por el alquiler, para atenuar el impacto que en las mismas causaría la variación de los precios de venta, limitando sus cuantías máximas a la actual evolución bajista del mercado de vivienda y específicamente al del alquiler.
La renta máxima anual inicial aplicable a las viviendas de alquiler será un porcentaje del precio máximo de venta de esas viviendas y de sus anejos, que se establecerá según los ingresos anuales de la unidad convivencial arrendataria a la fecha de la firma del contrato.
El Gobierno, mediante esta orden, también racionaliza los mecanismos operativos de gestión y actualización de rentas para que la gestión sea más ágil y eficaz.
Así, en los contratos que se firmen a partir de la entrada en vigor de la orden, la renta se fijará en base a los ingresos anuales de la unidad convivencial a la fecha de firma del contrato y se actualizarán automática con el IPC durante el plazo de duración del mismo o de sus prórrogas hasta los cinco años.
Concluido el plazo de cinco años, si la unidad convivencial sigue cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa vigente para continuar en el arrendamiento, se podrá renovar el contrato, adecuando la renta al porcentaje correspondiente a los ingresos comprobados.
En cualquier momento durante la duración del arrendamiento se podrán comprobar los ingresos de la unidad convivencial. Si se constatasen mayores ingresos que los considerados para la determinación de la renta inicial, podrá adecuarse la renta al porcentaje correspondiente a los ingresos comprobados.
Por otra parte, se regulan por primera vez en la normativa vasca los cánones a pagar por los usuarios de los alojamientos dotacionales. Por ejemplo, en alojamientos de un dormitorio, las unidades convivenciales con ingresos de hasta 15.000 euros deberán abonar 150 euros. En el lado opuesto, las unidades convivenciales con ingresos superiores a 35.000 euros pagarán 350 euros.
La metodología del cálculo del precio de las viviendas en derecho de superficie tiene necesariamente en cuenta que el valor de este derecho de carácter temporal será igual a cero en el momento que expire el plazo de vigencia del mismo --en la práctica habitual de esta Administración, tras 75 años---, ya que transcurrido ese tiempo la propiedad vuelve a manos de la Administración.
