BILBAO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo contencioso administrativo, a instancias de CCOO, ha ordenado al Gobierno vasco que devuelva a sus puestos de trabajo a dos funcionarias en el Juzgado de Instrucción 8 de Bilbao, según ha informado el sindicato en un comunicado.
En concreto, ordena la suspensión cautelar de las resoluciones que "les removían" de su puesto de trabajo y su vuelta al cuerpo de tramitación procesal administrativa en el Juzgado de instrucción 8 de Bilbao. El sindicato ha señalado que el Gobierno vasco adoptó esta medida para "zanjar un conflicto entre funcionarios" que existía en el juzgado y que provocaba un ambiente "irrespirable".
En un auto hecho publico este martes, tras la solicitud presentada por CCOO de Euskadi, la magistrada da la razón a los servicios jurídicos del sindicato, al entender que "la medida de remoción del puesto de trabajo de cinco funcionarios en bloque, adoptada por el Gobierno vasco, por motivos de salud, no tiene ningún precedente, configurándose más bien como un supuesto de traslado forzoso".
En opinión de CCOO, el auto señala con toda claridad "lo incorrecto" de la solución escogida en su momento por el Gobierno vasco, "con el riesgo cierto de causar un perjuicio económico, profesional y personal y para su propia salud importante para las dos funcionarias recurrentes, que en cualquier caso no tenía ningún tipo de justificación".
A su juicio, las resoluciones suspendidas suponían una atribución de responsabilidad sobre estas dos personas que "no se correspondía con la realidad".
El texto de la magistrada señala, además, el "perjuicio insalvable para la Administración de Justicia, que es "la pérdida de la excelencia que deriva de prescindir de funcionarias altamente especializadas en la tramitación de los asuntos propios de un Juzgado de Instrucción".
El sindicato ha destacado que la "rápida, muy rápida respuesta" de la solicitud de suspensión de las resoluciones de Gobierno vasco "da una idea de lo fundamentado del recurso presentado por las dos funcionarias a través de los servicios jurídicos de CCOO de Euskadi". A su juicio, supone la confirmación de "una actuación desmedida e injusta" por parte de la Administración.
