BILBAO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario del PNV reiteró hoy su disposición a dialogar sobre un Plan integral de Educación para la paz, tal y como ya manifestó el pasado viernes al posicionarse ante la iniciativa del Gobierno vasco, a pesar de que éste la formulara "de forma unilateral y sin consulta previa a los partidos políticos, en general, y al PNV, en particular".
Ante el anuncio del Ejecutivo López de ampliar el plazo de alegaciones al documento 'Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia (2010-2011)', el PNV indicó que el Gobierno sigue sin aclarar si el documento 'Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia (2010-2011)' sustituye al Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos 2008-2011 "en su totalidad -es decir, supone derogar el vigente y reemplazarlo por lo que se ha calificado de reformulación- o, simplemente, lo complementa -con lo cual, se mantendría el vigente-".
En su opinión, esta cuestión "es clave", ya que resulta "imprescindible mantener el carácter integral del Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos 2008-2011, frente al enfoque reduccionista del documento 'Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia (2010-2011)'".
Asimismo, recordó que el Ejecutivo autónomo conoce, de primera mano, las reflexiones que el Partido Nacionalista Vasco hace en torno al documento 'Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia (2010-2011)', ya que se las hizo llegar el pasado viernes.
El Grupo Parlamentario remitió el documento "reflexiones del grupo parlamentario nacionalistas vascos en torno al documento convivencia democrática y deslegitimación de la violencia (2010-2011)" a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco y, posteriormente, se hizo público ante los medios de comunicación.
Tal y como y se recoge en las reflexiones trasladadas al Gobierno, un "auténtico" Plan Integral de Educación debería contar con la participación y el consenso de los sectores implicados y, muy especialmente, de la comunidad educativa.
Así mismo, destacó que "debería tener en cuenta las aportaciones que las asociaciones y colectivos que trabajan en el ámbito de los Derechos Humanos pudieran realizar". "Una labor de consulta previa que el Ejecutivo ha obviado, por completo, a la hora elaborar el documento", denunció.
