SAN SEBASTIÁN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), a petición de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento vasco, ha realizado un informe de fiscalización de los convenios urbanísticos suscritos por los ayuntamientos de Agurain en Álava, Astigarraga y Oiartzun en Gipuzkoa, y Bakio, Barrika y Getxo en Bizkaia en el periodo 2005-2009, en los que ha detectado diversas deficiencias.
Según ha informado el tribunal, el trabajo ha consistido en la obtención de información sobre la actividad convencional urbanística en los municipios y periodo indicados con el objetivo de concluir sobre si los 43 convenios analizados, de los 58 firmados, han respetado la legalidad y sus procedimientos.
También ha valorado si sus actuaciones están motivadas en la salvaguarda del interés general, las contraprestaciones establecidas son legales y se han cumplido en forma y plazo, las operaciones han sido adecuadamente registradas en contabilidad y en los registros aplicables, y por último, se ha comprobado la situación de la normativa urbanística municipal y su adaptación a la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo.
Del análisis transversal de los convenios de los diversos ayuntamientos, el TVCP deduce que en 19 de los convenios analizados no consta la justificación de cómo los convenios van a beneficiar los intereses de la comunidad, "considerando que todas las actuaciones urbanísticas deben estar orientadas a la consecución del interés general".
Asimismo, señala que la obligación de publicar en el boletín oficial del territorio el contenido íntegro de los convenios, sometiéndolos a información pública un plazo mínimo de 20 días para la presentación de obligaciones -establecida en la Ley 2/2006-, se ha cumplido en los convenios aprobados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley, excepto en dos convenios en que sólo se ha publicado el acuerdo de aprobación y en otros seis en que se han omitido alguno de los anexos.
Además, en diez de los de los 14 convenios analizados en que se ha sustituido la cesión del aprovechamiento urbanístico por su monetarización no se ha justificado la imposibilidad o no conveniencia de recibir parcela edificable.
El tribunal señala que en 22 convenios analizados, las valoraciones periciales realizadas por los servicios técnicos no están justificadas o soportadas adecuadamente.
Destaca también que en 12 de los convenios en que se ha sustituido la cesión del aprovechamiento urbanístico por su monetarización, la valoración ha sido la correspondiente con la realizada en el momento de la firma del convenio "cuando debiera haber sido la resultante del Proyecto de Reparcelación".
El TVCP afirma que en 13 convenios se han detectado incumplimientos de la normativa de contratación por diferentes motivos como pueden ser "haber materializado los aprovechamientos urbanísticos en obras a realizar directamente por el promotor, no exigir a las Juntas de Concertación el respeto de los principios de la contratación pública para la ejecución de obras de urbanización o por ser adjudicaciones directas del propio Ayuntamiento".
