MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La asociación Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Panacex) solicita que se paralicen "cautelarmente" la "totalidad" de las tramitaciones administrativas de parques eólicos en Extremadura.
Panacex, en nota de prensa, ha recalcado que cree en el "principio de transparencia administrativa", motivo por el que ha hecho públicas sus alegaciones, "en este caso conjuntas", a los expedientes de tramitación de polígonos eólicos en Extremadura.
En esas alegaciones, remitidas por Panacex, junto a la paralización de las tramitaciones, también se solicita que se proceda a modificar la planificación y ordenación del sector Eólico incluyendo el "requisito de eficiencia energética acreditada, delimitando las zonas de instalación y efectuando sobre tal planeamiento una correcta evaluación ambiental estratégica".
La tercera de las peticiones es que se proceda a la evaluación medioambiental acumulada o conjunta de los parques que disponen de infraestructuras comunes, "no pudiendo segregar la infraestructura de evacuación de la de generación".
Igualmente exige que se emitan las evaluaciones medio ambientales sobre la base de los informes que presenten los guardas forestales conocedores de la zona a afectar y "en todo caso" se incluyan "obligatoriamente" sus informes y opiniones en los expedientes.
También pide que se autorice a la asociación a personarse en la "totalidad" de los expedientes y disponer de copias de los mismos al objeto de defender los intereses que representa, así como que se incluya a Panacex en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, en virtud de los establecido en el art. 6 de la Ley 8/1998 de conservación de la naturaleza.
EXPOSICIÓN
En el capítulo de exposición de las alegaciones, el colectivo indica que la nueva Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía ha retomado la tramitación administrativa de las diferentes instalaciones de generación y transporte de energía eólica, a través de un sistema de publicaciones individuales por parque y colectivas por sistema de evacuación, que "no facilita ni el control de las publicaciones, ni su racional alegación colectiva".
También indica que, tal y como esta asociación tiene "ya denunciado ante la Comisión Europea", los proyectos en trámite, traen causa de los Decretos de Planificación Eólica 192/2005 ó 160/2010 de la Junta de Extremadura que "no han sido sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica conforme establece la Directiva 2001/42/CE traspuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 9/2006 y que es de aplicación retroactiva al 21 de julio de 2004".
Es decir, son tramitaciones que, "de no paralizarse cautelarmente", sus autorizaciones pueden resultar anulables, con las "lógicas e importantes indemnizaciones y responsabilidades" que de ellos deriven.
El apartado de exposición, Panacex continúa que, como tiene "ya denunciado ante la Consejería y Dirección General competentes", la "presunta planificación" del sector eólico en Extremadura se "reduce a limitar unas pocas zonas" ZEPA o LIC, "dejando al libre albedrío" del promotor privado la elección de cualquier terreno que, de "no tener incompatibilidad medioambiental grave, será convertido en industrial sin más trámite, dejando en manos de intereses privados la ordenación real del territorio".
Igualmente expone que tal y como queda acreditado en la "evidente coordinación de solicitudes "de las distintas empresas del sector eólico extremeño, la "mayoría" de tales solicitudes "optimizan" sus instalaciones, compartiéndolas con otros parques.
"Es decir, en realidad parecen más bien macro-proyectos segregados para cumplir formalmente con la limitación de los 50 MW, si bien sus infraestructuras no son realmente independientes", apunta.
"Sin entrar en el posible fraude que ello representa, no sólo a la Administración sino especialmente a los ciudadanos que pagaremos primas de producción para proyectos que no las necesitan. Lo que sí cae fuera de toda duda, es que sus efectos medioambientales deben ser evaluados de forma necesariamente conjunta o acumulada, cosa que no se ha hecho por los servicios de la Junta y que debería hacerse, paralizando cautelarmente la tramitación actual", ha añadido.
También sostiene Panacex que el "perjuicio" que tales instalaciones eólicas "generan" sobre el patrimonio natural y cultural de Extremadura "no está exclusivamente" en su repercusión sobre el medio ambiente --"evaluada por los técnicos con la imparcialidad e independencia que permite la presión de depender de la misma Consejería de Energía y Medio Ambiente"-- sino en la "repercusión negativa" de tales instalaciones eólicas en el desarrollo de otras alternativas socio-económicas como el ecoturismo.
De esta forma mantiene que como "realmente" no existe una "autentica planificación" del territorio que ordene "racionalmente" sus usos de dicho territorio, al menos en la tramitación de los expedientes debería haber un "requisito de exigencia de eficiencia energética que garantice la rentabilidad económico-social sostenida, que no puede ser, el hacer socio minoritario al 8% al ayuntamiento de un posible negocio ruinoso que no controlará".
Andalucía
