MÉRIDA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) ha reclamado la retirada del anteproyecto de ley del aborto que impulsa el Gobierno central y ha criticado la actitud de los partidos políticos "que no buscan el consenso en beneficio de la sociedad".
De este modo, ha defendido un consenso que "garantice los derechos de las personas en el ámbito de la salud sexual", y la aprobación de leyes "capaces de perdurar en el tiempo más allá de la alternancia de partidos políticos".
En nota de prensa, el CJEx reconoce los derechos de las personas a "adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, tal y como se pone de manifiesto en la actual legislación vigente".
Del mismo modo, destaca la importancia de "no criminalizar a las mujeres que se planteen abortar", sino aplicar procesos de acompañamiento y asesoramiento "eficaces", con independencia de la decisión personal adoptada.
Para ello, ha dicho, es "necesario" que los Gobiernos autonómicos "incidan más y aumenten" la inversión económica y humana en salud pública y ayudas destinadas a la dependencia y a la maternidad, señala el CJEx, al mismo tiempo que incide en la idea de que "un aborto en condiciones inadecuadas es un evidente problema de salud pública, y la falta de educación eficaz, también".
"ALTA" TASA EXTREMEÑA
Asimismo, ha señalado que en la actualidad, Extremadura registra "una de las tasas más altas" de interrupciones de embarazos en mujeres con edades comprendidas entre los 15 y 24 años.
Es por esta razón que desde el Consejo de la Juventud se considera "imprescindible" profundizar en la educación sexual y reproductiva "de mayor calidad" a edades tempranas para evitar embarazos no deseados, "desde una óptica libre de prejuicios, con base científica y fácil comprensión".
Por último, el organismo juvenil ha recordado que su asamblea de 2 de marzo de 2013, aprobó por mayoría de sus entidades una resolución en que determinaba la postura del mismo sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Dicha resolución se inspira y defiende lo establecido en la Resolución de la Asamblea General de la ONU 34/180, de 18 de diciembre de 1979; así como en otras normativas internacionales y europeas.
