MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El decreto-ley de la Junta de Extremadura de medidas urgentes para reducir la carga tributaria de los contribuyentes ha sido aprobado este jueves en el pleno de la Asamblea con apoyo de PP y de Vox y el rechazo del PSOE y de Unidas por Extremadura.
Así, además de una reducción del IRPF que "beneficia a todos los extremeños" (cuantificada en 42 millones de euros), se introduce a partir de ahora en la región la bonificación al cien por cien del impuesto de Patrimonio (con lo que la comunidad dejará de recaudar unos 5 millones de euros, un 0,076 por ciento en el Presupuesto autonómico).
De igual modo, el decreto-ley amplía las ayudas al acogimiento familiar en la comunidad, incrementa las ayudas a los nuevos autónomos, y concede ayudas directas a los productores de cerezas.
Al mismo tiempo, elimina el impuesto a grandes tenedores de vivienda; baja al 14,75 por ciento el tipo del impuesto de matriculación; y prorrogan los beneficios fiscales en la "mayoría" de tasas y en el canon de saneamiento, todo ello junto a lo anterior dentro del objetivo de la Junta de Extremadura de implantar una política fiscal de "atracción" de población en una situación de "extraordinaria y urgente necesidad".
De este modo lo ha destacado durante el debate para la convalidación de la iniciativa este jueves en la Asamblea la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, quien ha argumentado la elección de la Junta de la fórmula del decreto-ley para recoger tales medidas con que así lo permite el artículo 86 de la Constitución basándose en la "situación de extraordinaria y urgente necesidad" en la que el Ejecutivo autonómico actual se ha encontrado la región "tras años de incapacidad y de inacción del Gobierno socialista".
Cabe apuntar que, una vez convalidado el decreto-ley con el apoyo del PP y de Vox y el rechazo del PSOE y de Unidas por Extremadura, estos dos últimos grupos han solicitado la tramitación de la iniciativa como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Tal petición ha sido rechazada al requerirse mayoría absoluta para su aceptación y al haber votado en contra de la misma tanto PP como Vox, y únicamente a favor el PSOE y Unidas por Extremadura.
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