CSI-F asegura que los funcionarios de Justicia son "los primeros en perder la paga de Navidad" en Extremadura

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSI-F ha asegurado que los empleados públicos que trabajan en la Administración de la Justicia "serán el primer colectivo de funcionarios de Extremadura a los que se les detraerá la paga extra de Navidad".

Y es que, según señala el sindicato en nota de prensa, "se les retirará de las nóminas correspondientes al mes de septiembre como consecuencia del ordenamiento jurídico que regula sus condiciones laborales", lo que les supone un descuento mensual de unos 250 euros netos.

Según apunta, las cerca de 1.000 personas que trabajan en los Juzgados y Tribunales de la región se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que "el Gobierno ha querido, unilateralmente, adaptar la aplicación del decreto de julio, en el que se aprobaba la supresión de la paga de Navidad, a la citada normativa", señala.

Así, el recorte el "recorte" de la paga a este colectivo de funcionarios, que incluye tanto gestores, como tramitadores, auxilio judicial o forenses, "se va a concretar detrayendo su importe del sueldo base y los trienios mes a mes, desde septiembre hasta diciembre".

Se trata de una circunstancia que "implica una disminución de la nómina presente, pero también de la futura, en tanto que las futuras pensiones también se verán afectadas a la baja por estos recortes", señala el sindicato.

Ante esta situación, CSI-F señala que "no considera acertadas" la intenciones del Ministerio de Justicia que "quiere hacer una serie de reformas que afectan al ámbito laboral de sus empleados en la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial", en la que se incluye, según apunta el sindicato, "el recorte de los 'moscosos' (días de libre disposición), la supresión de los 'canosos'(días por antigüedad), o la suspensión del régimen retributivo en casos de licencia por enfermedad".

Esta central sindical considera que esta reforma va dirigida a "coaccionar al trabajador, que además del trastorno que padece por enfermedad, se le castiga con una importante rebaja salarial sine die", señala.

Tampoco es admisible, a juicio de CSI-F, que "la reforma de la Ley Orgánica pretenda establecer un régimen de movilidad forzosa que implicará un cambio de municipio", lo que supondrá "un plus de recortes extra del Ministerio para todos los funcionarios de Justicia que trabajan en Extremadura".