MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo de las administraciones públicas y con una representatividad del 16 por ciento en el sector privado en Extremadura, impugnará ante los tribunales el pliego de la licitación del servicio público del transporte sanitario terrestre por considerar "totalmente insuficiente" la dotación económica del concurso.
En nota de prensa, CSIF señala que se ha visto abocada a esta impugnación ante la "falta de respuesta" de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a la que, según indica, se le interpeló mediante un escrito, registrado el pasado día 1 de septiembre, para conocer el futuro de los trabajadores de una serie de servicios de los que se va a prescindir.
Concretamente, CSIF indica en su escrito que no se incluyen en el pliego algunos Soportes Vitales Básicos y determinadas UP (urgencias parciales) por lo que sospecha puede deberse a una "posible amortización" de esos puestos de trabajo.
Y es que según un estudio realizado por CSIF un número de entre 70 y 80 trabajadores quedarían fuera del nuevo concurso, y además la consejería interpreta de forma "errónea" algunos aspectos del convenio relativos a la jornada laboral que provocan la licitación a la baja de los servicios que se van a realizar. "Los trabajadores siguen haciendo más horas de las que les corresponde por ley", incide el sindicato.
En este sentido, CSIF, con una representación de ocho delegados, ganados en las urnas, en el sector del Transporte Sanitario, señala que no puede permitir que se deje fuera del pacto firmado en su día en Mérida entre la Junta, CCOO, UGT y la Creex a un número "tan alto" de trabajadores porque puede desembocar en "un nuevo caso Tenorio".
Así, considera que la voluntad de la mayoría de los trabajadores del transporte sanitario "no está reflejada" en el acuerdo firmado en la Presidencia de la Junta, por lo que lo rechaza "al no incluir a todo el personal de este sector sin una causa justificada".
Finalmente, incide en que "el conjunto de estos trabajadores y trabajadoras han sido ignorados por los firmantes, que no pueden garantizar que este pacto-acuerdo sirva para evitar la conflictividad laboral heredada de Tenorio", concluye.
