Un decreto regulará las asociaciones madres y padres de alumnos de centros docentes no universitarios

PUEBLA DE ALCOCER (BADAJOZ), 7 (EUROPA PRESS)

El consejo de gobierno de la Junta de Extremadura aprobó hoy un decreto por el que se regulan las asociaciones de madres y padres del alumnado (AMPA) de centros docentes no universitarios y se crea el registro de este tipo de entidades en Extremadura.

En el documento publicado en 2007 por la Consejería de Educación titulado 'Compromiso de las familias extremeñas con la educación', se recogen una serie de propuestas para favorecer la implicación real y el compromiso de la familia en la educación de sus hijos, entre las cuales se encuentra la de potenciar la participación de las familias en la gestión y control del centro escolar a través de las asociaciones de madres y padres.

A la vista de ello, la Consejería de Educación estima necesario regular las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros docentes no universitarios, así como de sus respectivas federaciones y confederaciones, según informó la Junta tras la celebración del consejo de gobierno en la localidad pacense de Puebla de Alcocer.

Se consideran asociaciones de madres y padres del alumnado aquellas que se constituyan en los centros docentes extremeños de titularidad pública o privada que impartan las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica de Educación.

Entre los objetivos que se contemplan en el decreto aprobado hoy se encuentran el informar a madres y padres de las actividades propias de la asociación y potenciar su participación activa en la vida de la misma, asistir a las familias en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o colaborar en las actividades educativas de los centros en el marco de su proyecto educativo.

Por otro lado, el consejo de gobierno autorizó la contratación del servicio de atención al usuario y asistencia técnica para el mantenimiento básico de los sistemas tecnológicos de los centros educativos públicos. El importe total de la contratación asciende a 700.000 euros.

Una de las necesidades y, al mismo tiempo, responsabilidades de la Administración educativa es mantener operativo, y en correcto funcionamiento, todo el parque tecnológico de los centros educativos, que en gran parte está formado por equipos e instalaciones que ya no están cubiertos por garantía.