MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad y Portavocía, Isabel Gil Rosiña, ha avanzado que ya se está estudiando la posibilidad de que otros servicios además del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx) tengan capacidad para acreditar la condición de víctima de la violencia de género.
Un paso que permitiría "agilizar" la respuesta a las mujeres que sufren violencia machista en la región, ha señalado Gil Rosiña, y que se puede dar tras el acuerdo alcanzado este pasado jueves en la Conferencia Sectorial de Igualdad, por el que se establece un único título habilitante para todo el país para acreditar la condición de víctima.
Así, ha explicado que se trata de un acuerdo muy importante porque "muchas veces la burocracia" está "muy lejos de la realidad" de la gente, por lo que supone un gran paso que todas las administraciones y los servicios especializados que las atienden a las víctimas tengan un único modelo.
Era, ha añadido uno de los "pequeños flecos pendientes de pulir" de las leyes contra la violencia de género, tanto la nacional y como la autonómica.
En este sentido, Gil Rosiña ha aclarado que actualmente en la región solo está el Instituto de la Mujer para acreditar la condición de víctima de violencia de género. Pero, ahora que se ha unificado, el objetivo de la Junta es estudiar qué otros servicios especializados pueden hacerlo también.
Sin embargo, ha señalado que en esta materia se vuelven a encontrar con el "hándicap" de que la formación en perspectiva de género e intervención y detección precoz de la violencia machista "siempre es un añadido, un plus de las profesiones", motivo por el que insiste en la necesidad de que "todas las formaciones iniciales de todas las profesiones se estudie la historia del feminismo y tengan la perspectiva de género incorporado.
"La histórica desigualdad entre hombres y mujeres no puede ser un añadido, debe estar formando parte de la formación inicial de todas las profesiones", ha señalado.
Una vez acordado este título, se verá cómo extender esta posibilidad a la red extremeña, e incluso a otras redes de profesionales, como los servicios sociales de base, con lo que "se conseguirá ser más ágiles y por tanto en dar una respuesta más rápida a las víctimas de violencia de género".
PLAN CORRESPONSABLES EN TODOS LOS MUNICIPIOS
Por otro lado, en respuesta a las preguntas de los periodistas en Mérida durante la presentación de un festival de teatro contra la violencia de género, ha señalado que en la reunión también se hizo una valoración del primer año de gestión del plan Corresponsables, que es la primera política pública en el país para poner en marcha un acompañamiento a las familias para la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal y familiar.
Un programa del Gobierno de España que en la región se ha "traducido" en la Red de Ludotecas Rurales de Extremadura, siendo esta una de las comunidades, ha dicho, que mayor ejecución ha tenido de este programa.
De hecho, ha señalado que hasta la fecha más de un centenar de ayuntamientos se han adscrito al mismo, con el objetivo de que el próximo año la "inmensa mayoría" de los municipios se acojan al mismo, puesto que se convertirá en un nuevo programa colaborativo municipal, que es la nueva fórmula para desarrollar la nueva ley de autonomía local, y que establece "una especie de transferencia ordinaria para dar una mayor estabilidad en la financiación a los ayuntamientos".
RENOVAR EL PACTO DE ESTADO
Por otro lado, se ha hablado de la ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que en Extremadura se ha "transversalizado", algo que es "la primera vez que ocurre", al tiempo que se ha mostrado convencida de que de esta forma se llegará "a muchos más ciudadanos para transformar la sociedad", que es el objetivo del pacto.
Un pacto de estado que vence el próximo año 2022, fecha ante la cual la posición defendida por Extremadura ante la ministra de Igualdad, Irene Montero, es que "no se trata solo de seguir poniendo el pacto en los Presupuestos Generales del Estado", y de seguir manteniendo su dotación económica, que es de 200 millones anuales, que "pocos son", sino de renovarlo en sede parlamentaria.
Según ha señalado, es hasta ahora el "único gran acuerdo social y político que no se ha truncado", algo que es España es "complicado", por lo que ha pedido que se renueve el pacto en sede parlamentaria, de modo que "el que no quiera estar, que lo diga".
"En estos momentos cuando desde las cortes generales se pronuncian en las tribunas institucionales discursos de odio y discursos que niegan la violencia, más importancia tiene fortaleces el acuerdo político en sede parlamentaria", ha remarcado.
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