La extremeña Blanca Martín es reelegida presidenta de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos

   MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha sido reelegida este viernes presidenta de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos de España (Coprepa).

   El plenario de la Coprepa se ha reunido este viernes en Mérida (Badajoz) y, entre otras cuestiones, ha abordado la reelección de la Presidencia y ha consensuado una declaración institucional para este año.

   Blanca Martín ha explicado que su renovación al frente de la Coprepa debería haberse llevado a cabo en el mes de enero pero que se ha retrasado por la vigencia del estado de alarma y las circunstancias provocadas por la pandemia.

   De esta forma, la presidenta del parlamento autonómico extremeño presidirá la Coprepa hasta enero de 2022, momento en el que Extremadura cederá el testigo a otro Legislativo regional.

   En su intervención, Martín ha explicado que había muchos asuntos que abordar en la reunión del plenario ya que, aunque se ha mantenido un contacto telemático durante la pandemia, era la primera vez que se veían las caras.

   "Hay muchas cuestiones que nos han afectado a todos, sobre todo con nuestros reglamentos, con cuestiones que han tenido que ver con la pandemia pero también con cuestiones que han tenido que ver mucho con el ámbito político, tampoco vamos a ocultarlo porque ha sido así, y han sucedido cuestiones importantes en algunas regiones y eso también ha condicionado el trabajo propio, incluso el enfoque dentro de los reglamentos parlamentarios que tenemos", ha apuntado.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL COPREPA 2021

   La presidenta de la Asamblea de Extremadura y de la Coprepa, Blanca Martín, ha dado lectura a la declaración institucional en la que se recalca que es "clave" que los parlamentos vuelvan a ocupar un lugar central en el sistema político, pues son las cámaras regionales el espacio que representa a la ciudadanía, la sede de la voluntad popular y el lugar desde el que se ejerce la potestad legislativa.

   En la misma, se hace referencia a que construir una UE fuerte, consolidar las instituciones democráticas, luchar contra el cambio climático, alcanzar una igualdad real entre mujeres y hombres y hacer frente a la despoblación fueron las prioridades que los parlamentos autonómicos fijaron a comienzos de 2020.

   No obstante, la irrupción de la pandemia obligó a focalizar todos los esfuerzos en combatir y atajar las consecuencias de una crisis con múltiples aristas.

   Un tiempo en el que las cámaras regionales han volcado todas sus energías para hacer frente a un virus que ha cambiado la forma de relacionarse y el modo de vida y en el que se han adaptado en un tiempo récord a un nuevo escenario para gestionar de la mejor manera posible esta "compleja y dramática" situación.

   Las consecuencias de la misma se han hecho patentes a medida que ésta ha avanzado, con un aumento de la pobreza y de la desigualdad de los más vulnerables, especialmente mujeres y migrantes, aunque las consecuencias del virus van más allá, ya que la ONU ha alertado de que la Covid-19 podría "acabar infectando el cuerpo de la democracia, de las libertades y los derechos humanos".

   "Algunos informes sostienen que en 2020 se ha producido una erosión del Estado de Derecho, y otros estudios e investigaciones alertan de que se ha acentuado la desconfianza en la democracia, con deterioro de esta, y de los derechos humanos, en ochenta países", recoge la declaración.

   De esta forma, dentro de Europa y en EEUU, en países con amplia tradición democrática, se está viviendo también un incremento de la "polarización política" y es en momentos "convulsos y complejos" como el actual cuando es "más preciso" luchar contra la difusión de mensajes "fáciles, transmisores de falsas certezas, de falsa seguridad, frente a situaciones de incertidumbre y preocupación social".

   Ya que éstos, pueden actuar de caldo de cultivo para actuaciones contrarias a las bases de las instituciones democráticas y, por ello, contrarias al interés de la ciudadanía, por lo que es "prioritario", más que nunca, recuperar la confianza en la política y en las instituciones.

REFORZAR EL PROCESO DE "ESCUCHA ACTIVA"

   Los parlamentos autonómicos también han considerado en la declaración institucional que es "esencial" que refuercen el proceso de "escucha activa" para que las decisiones que se adoptan y las leyes que se aprueban reflejen las preocupaciones de una ciudadanía que se siente "alejada de las instituciones".

   Asimismo, y sin dejar de hacer frente a la pandemia, es preciso recuperar la agenda común de trabajo fijada en enero de 2020, un plan de acción que no ha sido ajeno a la Covid-19 y cuyos ejes se han visto afectados por ella en menor o mayor medida.

   También han expuesto que, seguir avanzando en la construcción de una Unión Europea "fuerte" se hace ahora si cabe "más esencial que nunca", por lo que los parlamentos regionales de España reafirman su compromiso con el proyecto europeo, como nexos de unión entre la ciudadanía a la que representan y Europa.

   Asimismo, apelan a la participación en la construcción de una Europa "más fuerte y unida" que haga valer sus principios constitucionales que son "dignidad humana, libertad, democracia igualdad, Estado de derecho y derechos humanos.

PROBLEMA GLOBALES, RESPUESTAS GLOBALES

   De la misma forma, han considerado los parlamentos autonómicos que si los problemas son globales, las respuestas también deben serlo, de ahí la "apuesta decidida por la cogobernanza y la cooperación" para afrontar los problemas y retos que trascienden fronteras, como el cambio climático, la despoblación y la igualdad entre mujeres y hombres.

   Pero también en su sentido "más transversal", ejes de actuación que marcan el Plan de Europeo de Recuperación que engloba los fondos del presupuesto renovado para el periodo 2021-2027 y el mecanismo de recuperación Next Generation EU.

   De este modo, ha aseverado que en España el reto demográfico debe formar parte de las bases de una revisión del sistema de financiación autonómica que contemple, de acuerdo con los principios de solidaridad y suficiencia financiera, elementos como el envejecimiento poblacional, la baja densidad de población o su dispersión para la determinación del coste de los servicios públicos y para el establecimiento de las consecuentes fórmulas de financiación de los mismos.

   Así como para valorar la puesta en marcha de programas de inversión que favorezcan una necesaria redistribución territorial garantizando las mismas oportunidades para toda la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia.

   La cuestión poblacional puede examinarse asimismo desde otras perspectivas diferentes que afectan a territorios con una problemática muy específica, como son los insulares. En esos territorios, el exceso de población y el crecimiento poblacional está teniendo como consecuencia un impacto negativo en la sostenibilidad y equilibrio entre población y territorio.

   Estos desequilibrios deben ser también analizados y corregidos para conseguir que el crecimiento natural de la población pueda desplegarse de forma "más razonable" en el territorio disponible y la sociedad pueda desarrollarse de manera "más compensada".

   Por tanto, la incorporación de la perspectiva demográfica en la elaboración de las leyes debe ser respaldada desde los parlamentos, de forma que la respuesta a los retos señalados sea un elemento que valorar de forma preferente en el ámbito europeo, en particular de cara al marco financiero plurianual de la Unión Europea 2021-2027.

   Asimismo, han apuntado que la pandemia no puede ser la excusa que justifique dar pasos atrás en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

   Por ello, los parlamentos regionales refuerzan su compromiso con la participación en la construcción de una España y una Europa "fuertes, cohesionadas y solidarias" que permitan hacer frente desde las instituciones democráticas a los retos y desafíos,