BADAJOZ, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Guardia Civil investiga a tres vecinos de la ciudad de Badajoz acusados de manipular los cuentakilómetros de los coches de segunda mano que vendían, para "revalorizar su precio en el mercado de ocasión", unas operaciones con las que habrían obtenido 53.900 euros.
El Grupo de Investigación y Análisis del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura (GIAT), coordinado con la Fiscalía especializada, inició una investigación el pasado mes de noviembre encaminada a la detección y prevención de delitos de estafa y falsedad documental en la compraventa de vehículos de segunda mano.
Una investigación que se inició tras recibir denuncias por parte de la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal) en las que alertaban de que los ahora investigados podrían manipular los odómetros de los coches que vendían de segunda mano con el fin de "reducir el kilometraje real de los vehículos que adquirían, y así revalorizar su precio en el mercado de ocasión para posteriormente venderlos a otros compradores".
En la investigación han colaborado distintas empresas subastadoras con sede en varios países extranjeros, donde los investigados adquirían los vehículos de segunda mano para su posterior venta, así como las marcas de los vehículos adquiridos y de las estaciones de ITV de la provincia.
Así, los agentes han podido detectar los presuntos delitos de estafa y falsedad documental, y han aportado las pruebas necesarias para determinar la autoría de los hechos en la manipulación del odómetro en 13 vehículos, oscilando la reducción del kilometraje entre 43.200 y 120.000 kilómetros, así como la falsificación en las facturas de compra de seis de ellos durante el proceso de matriculación en España.
En estas facturas "se habían eliminado los kilómetros reales que figuraban anotados por la empresa de subastas", señala la Guardia Civil en nota de prensa.
Con estas acciones delictivas, las tres personas ahora investigadas habrían obtenido unos beneficios de 53.900 euros, y se enfrentan a las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses por el delito de estafa, y por el delito de falsedad documental a prisión de tres meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial junto con las tres personas investigadas y vehículos manipulados, quedando a la espera de juicio.
