Porque altera la implantación de la energía termosolar, de modo que en la comunidad extremeña quedarían en riesgo inversiones de "miles de millones de euros"
MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Extremadura, a través de su consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, pidió hoy al Gobierno y al Congreso de los Diputados que en la sesión del próximo jueves en la Cámara Baja se rechace una enmienda de CiU a la Ley de Regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión al Mercado Inmobiliario (Socimi) que afecta al proceso de implantación de la energía termosolar en España.
Mediante dicha enmienda, que el miércoles pasado fue aprobada en el Senado, queda derogado el real decreto ley del pasado mes de mayo que establecía un registro de preasignación de plantas termosolares, el cual CiU considera invade las competencias autonómicas.
La derogación del registro provocaría un retroceso hasta la situación normativa anterior, definida por un real decreto de 2007, pero con modificaciones que implicarían una implantación "más restrictiva" de la energía termosolar, de modo que las expectativas de Extremadura quedarían recortadas.
Además, se causaría "una pérdida inaceptable de tiempo" que en el caso de Extremadura pondría en riesgo "miles de millones de euros de inversión y varios miles de millones de euros de puestos de trabajo", toda vez que se desencadenaría una situación de "incertidumbre" que provocaría "desconfianza" en el sector financiero, de cuyo respaldo dependen los proyectos de plantas que pretenden implantarse en la región.
En rueda de prensa, el consejero pidió el rechazo de la citada enmienda, por lo cual se dirige públicamente al Gobierno y además mantiene contactos desde hace días con el Grupo Socialista en el Congreso, a través de los diputados extremeños.
No obstante, la Junta ofrece una "segunda alternativa" en el caso de que "no fuera posible" rechazar la citada enmienda. En tal caso, pide al Gobierno que una vez aprobada la Ley de las Socimi "inmediatamente" modifique el real decreto de 2007 de modo que no sólo no sea más restrictivo, sino que, incluso a la inversa, permita la apertura de más plantas de las inicialmente previstas, de modo que quedarían garantizadas las perspectivas de Extremadura.
((Seguirá ampliación))
