MÉRIDA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha presidido la constitución de la comisión técnica para la elaboración de la nueva Ley de Servicios Sociales de Base de Extremadura, cuyo borrador se trasladará a las fuerzas políticas, agentes sociales y entidades del Tercer Sector para que realicen aportaciones en aras de conseguir el máximo consenso posible.
A la reunión, celebrada este viernes en la sede de la Consejería de Salud y Política Social, han asistido también el director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, y la directora gerente del Sepad, Cristina Herrera, así como representantes del Gobierno extremeño con implicación en esta normativa.
Esta comisión será la encargada de elaborar el borrador de la nueva ley a partir del trabajo de base desarrollado por los técnicos de la Dirección General de Política Social y Familia en los últimos meses, según ha señalado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.
ADECUACIÓN A LA REALIDAD
"La nueva ley supondrá un punto de inflexión en el desarrollo del sistema público de los servicios sociales de base (SSB) y una adecuación del texto legal de 1987 a la realidad actual", apunta la nota.
El paso del tiempo, la puesta en marcha de nuevos servicios y la modernización de los existentes, así como la dinámica del cambio social, han puesto de manifiesto las "carencias" de la norma vigente, especialmente en cuanto a la definición conceptual, la configuración del sistema, la ordenación de los servicios, su estructuración y financiación.
De este modo, la tipificación de las prestaciones, la delimitación de competencias y la coordinación de todos los agentes implicados son otros de los factores en los que profundizará el futuro texto.
La nueva normativa nace "con el objetivo de garantizar a la ciudadanía un marco estable de recursos y servicios que configure una nueva modalidad de protección social" y que amplíe y complete la acción protectora de la Administración autonómica.
Así, por primera vez, la nueva ley contemplará la aprobación de carteras de servicios que incluyan aquellas prestaciones a las que la ciudadanía tiene derecho, al tiempo que "dignificará" las condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en los 76 servicios sociales de base gestionados por mancomunidades, ayuntamientos y agrupaciones de municipios en la región.
