MÉRIDA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Asamblea de Extremadura rechazó hoy con los votos en contra del Grupo Socialista una Proposición no de Ley a través de la cual el Grupo Popular solicitó a la Junta que instase al Gobierno central a rechazar la propuesta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para la subida de la tarifa eléctrica.
La iniciativa fue rechazada después de que el PSOE plantease una enmienda de modificación a través de la cual instaba al Gobierno nacional a introducir criterios de renta y a que se tengan en cuenta a los colectivos más desfavorecidos para definir nuevas opciones dentro de la tarifa eléctrica. La enmienda socialista fue rechazada por el PP después de que el PSOE no aceptase la inclusión en la iniciativa de una nueva propuesta 'popular' relativa a que la subida de la tarifa no sea superior a la del IPC.
Durante el debate, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón calificó como "inaceptable" la propuesta de la Comisión Nacional de la Energía, que recomienda al Ministerio de Industria que aplique una subida del 11,3 por ciento de la tarifa de la luz a partir del próximo 1 de julio.
Para Carrón, dicha iniciativa es "rechazable" teniendo en cuenta el momento de "crisis económica" en el que a su juicio se encuentra la sociedad. Además, advirtió que la medida, de ser aprobada, contribuiría a aumentar el endeudamiento de las familias, en un momento en el que --dijo-- el alza de los tipos y de los precios "ha erosionado" el salario de los trabajadores.
Esta subida, añadió el 'popular', se traduciría de igual modo en una subida de en torno a cinco o seis euros mensuales en el recibo, lo que originaría que colectivos como los pensionistas o aquellos que tienen los salarios más bajos, entre los que citó a los extremeños, sean "los más afectados", resaltó.
Hernández Carrón criticó los "cambios de postura" que a su juicio está manteniendo el Gobierno central respecto a la subida de la tarifa eléctrica, y se mostró convencido de que el Ejecutivo nacional "está sondeando a la sociedad" respecto a dicho tema.
Además, basándose según dijo en el anuncio realizado ayer por el ministro de Industria, afirmó que la subida será "el doble" que el IPC actual, ya que que la tarifa "subirá sobre lo que ya subió a principios de año" y será "la mayor subida de la tarifa eléctrica de la historia del país".
Para Hernández Carrón, la decisión de "suprimir" la 'tarifa nocturna' es una decisión "política" que "obliga al abonado a contratar la tarifa máxima que puede consumir durante la noche", lo que a su juicio provocará que los recargos "se carguen" en la tarifa diaria. Afirmó también que con los descuentos previstos para contratos con potencia menor a 3 kilowatios "pocos ciudadanos se van a ver beneficiados".
ORIGEN EN UNA LEY DEL PP.
Por su parte, el diputado del PSOE José Luis Viñuela rechazó la propuesta del PP con el argumento de que con las nuevas tarifas "todos los consumidores van a pagar por igual con independencia de que las empresas sean de productos de primera necesidad o de lujo".
Además, Viñuela señaló que el origen de la situación tarifaria actual se encuentra en la "Ley Piqué" de 1997 sobre dicha cuestión, puesta en marcha durante la época de gobierno nacional del PP. Según dijo, dicha normativa "ni reguló ni consiguió la liberación, y creó un déficit tarifario que unos cifran en 12.000, otros en 14.000 y otros que pueden llegar a 15.000 millones de euros".
En esta línea, añadió que dicha ley "ha ido en contra del ahorro energético y de una tarifa razonable" en tanto que se puso en marcha "de forma populista". "Los extremeños del futuro tendrán que pagar la Ley Piqué de 1997", sentenció Viñuela, que resaltó que el Gobierno central ayer anunció la supresión de las actuales tarifas "porque éstas no satisfacen a las empresas que consumen energía ni a los ciudadanos ni a nadie".
Finalmente, subrayó que "las líneas directrices que se marca el Gobierno de Zapatero en esta materia serán medidas de verdadera justicia social y no se parecerán en los discursos del PP que tan pronto le piden al ministro que actúen de una manera defendiendo los intereses de las empresas en Iberoamérica como los de otra para defender los intereses de los consumidores", dijo.
