PONTEVEDRA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Pontevedra requerirá al Ministerio de Defensa la anulación de la orden en la que se se establece el perímetro de seguridad del acuartelamiento de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (Brilat) con base en Figueirido, ya que la considera "excesiva".
Subsidiariamente, el ayuntamiento solicitará que se reduzca esa zona, dejando fuera del perímetro las parcelas e inmuebles incluidos en los núcleos rurales de Navalexo, Armada, Muimenta y Casal, así como las demás viviendas construidas en sus proximidades.
El ayuntamiento apuntó, en relación a esta petición, que trata de "minimizar en lo posible" la aplicación de la orden que, al establecer una zona de seguridad de 300 metros, "puede limitar los derechos de las propiedades colindantes para autorizar cualquier acto de construcción o conservación de sus inmuebles".
Asimismo, indicó que, de lo contrario, las gestiones de los particulares en relación con sus propiedades se verán complicadas con los nuevos trámites que exige la normativa.
La presidenta de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, la socialista Teresa Casal, se mostró confiada en que el Gobierno atenderá esta solicitud ya que, argumentó, que así se lo transmitió el secretario de Estado de Defensa, a quien recientemente trasladó esta problemática.
UNANIMIDAD
El acuerdo de remitir esta solicitud al ministerio se adoptó hoy por unanimidad en la Comisión de Urbanismo, en la que el el PP estimó que "es así como hay que hacer las cosas, a través de una solicitud formal para corregir las negativas consecuencias del gobierno municipal que en su momento no estuvo suficientemente atento para evitar que esta situación se enredara".
El Gobierno Local, por su parte, reiteró que en ningún momento fue informado de las incidencias relativas a esta orden, que afecta al planeamiento urbanístico en vigor y a la tramitación de licencias, y que ello ha conllevado esta queja al Ministerio de Defensa.
A mayores, el ayuntamiento, a través de su servicio jurídico, estudiará la posibilidad de recurrir esta normativa si el Ministerio de Defensa no atiende su solicitud.
