FERROL, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La casa de acogida de Ferrol para mujeres víctimas de violencia de género registró la mayor tasa de ocupación en Galicia en 2011, con un porcentaje que alcanzó el 67%, según los datos facilitados este martes por la secretaría xeral de Igualdade, Susana López Abella.
El centro dispone de 15 plazas y el año pasado fue utilizada por 37 personas, de las que 21 eran mujeres y 16 menores. Los datos han sido dados a conocer por la secretaria xeral de Igualdade durante la presentación de un convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Ferrol.
Conforme a este acuerdo, Igualdade aportará 46.000 euros para el mantenimiento del centro y del servicio integral de acogida. Esta cantidad se destinará también a la prestación de atención psicológica y apoyo y recuperación integral a las víctimas de violencia de género y sus hijos menores, al ofrecérseles alojamiento de forma temporal y con carácter de urgencia.
El alcalde de Ferrol, José Manuel rey Varela, ha recordado que la casa de acogida de Ferrol, que comenzó a funcionar en 1986, fue una de las primeras de Galicia, lo que situó a la ciudad "en la vanguardia de las políticas en materia de igualdad". El centro se ubica en una vivienda que había sido cedida de forma altruista por María del Carmen Sánchez, una ex funcionaria municipal.
La red gallega de acogimiento está integrada por cinco casas de titularidad municipal situadas en A Coruña, Culleredo, Ferrol, Lugo y Ourense y el Centro de Emerxencias situado en Vigo dependiente del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar en colaboración con la Secretaría Xeral de Igualdade. En total, disponen de 97 plazas. La ocupación media ha sido del 52 por ciento el año pasado, con un número total de 232 residentes, de los que 131 eran mujeres y 101 menores.
El presupuesto destinado por la Secretaría Xeral de Igualdade para garantizar el funcionamiento de los centros de acogida de titularidad municipal a través de firma de convenios anuales asciende a 230.000 euros en este 2012. Con esta cantidad, se financian los gastos de funcionamiento y de personal -psicólogos, abogados, trabajadores sociales o educadores sociales-.
