Un millar de personas se manifestó en Pontevedra contra la "represión sindical" y la reforma del Código Penal
PONTEVEDRA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario xeral de la CIG, Suso Seixo, ha anunciado que para el mes de febrero o marzo de 2013 se baraja la posibilidad de convocar una huelga general en Galicia a propósito de la negociación colectiva, para lo que espera contar con la adhesión de otras fuerzas sindicales. "Se trabaja en sectores donde los convenios no se negocian porque la patronal no se sienta y se corre el riesgo de que pase el año de prórroga", ha explicado Seixo.
Con motivo de la manifestación celebrada en Pontevedra con el lema 'Contra la represión sindical y la reforma del Código Penal' por parte del Gobierno central, en la que participó casi un millar de personas, Suso Seixo ha avanzado que ya se está "trabajando con los delegados" con el objetivo de "unir los convenios que estén en esa situación".
Sobre la unidad sindical, Seixo se ha mostrado partidario de "construirla por la base", argumentando que "no sirve unir a las cúpulas sindicales" si no se plasma en los centros de trabajo. En ese sentido, prevé que las "presiones" de la patronal tendrán como consecuencia la pérdida de vigencia de convenios durante el próximo año, por lo que la "unidad sindical es fundamental" para combatir las "condiciones mínimas" a las que han de enfrentarse los trabajadores.
MANIFESTACIÓN
La manifestación convocada por la CIG, y que contó con la presencia de cargos políticos como el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez; el diputado Bieito Lobeira y el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, pretendía reivindicar el movimiento sindical ante casos como la condena a tres sindicalistas sobre los que pesaban tres años de prisión, que finalmente fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Suso Seixo ha valorado que esta sentencia defiende el "derecho fundamental de huelga" y preserva su rango "constitucional", además de considerar "fundamental" el papel de los piquetes informativos". El secretario general de la CIG ha acusado al PP de "atacar el movimiento sindical desde el punto de vista ideológico haciendo creer que son obsoletos, cuando en los tiempos que corren tienen más razón de ser que nunca".
Así, ha puesto como ejemplo las multas y condenas de prisión impuestas a varios "compañeros" por su participación en movilizaciones sociales o sindicales, por lo que el caso de los tres sindicalistas que habían sido procesados en Pontevedra tras la huelga en el sector del comercio de 2009 "no es un hecho aislado".
También ha advertido que en su "intento de criminalizar y reprimir el movimiento sindical", el PP "presiona claramente" a jueces y fiscales "próximos" a este partido "para que se actúe con dureza contra el movimiento sindical y la contestación ciudadana a las políticas antisociales".
MODELO ELITISTA
Seixo ha tildado de "elitista, clasista y profundamente antidemocrático" el "modelo de sociedad" que pretende implantar el Gobierno del PP "aprovechando la crisis económica", por lo que el aumento de la "contestación social" que tendrá el "recorte de derechos laborales y sociales" tendrá como consecuencia que "va a seguir la política de la represión".
En esa línea, para el secretario general de la CIG, las reformas que plantea el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, en lo que respecta a las tasas judiciales conlleva "dificultar" el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial; al igual que la reforma del Código Penal que "considera delito actividades sindicales que hasta ahora no tenían esa consideración" o prevé penas mayores a ciertos delitos de orden público, lo que supone "un ataque a las libertades públicas y los derechos conquistados después de años de lucha", añadió Suso Seixo.
Tras la manifestación de la CIG por las calles de Pontevedra, que concluyó ante la Subdelegación del Gobierno bajo un intenso aguacero, la central nacionalista secundará el próximo 20 de diciembre las concentraciones convocadas por la Alianza Social Galega para protestar contra las medidas del Gobierno en materia de pensiones, educación, sanidad, justicia, la reforma de la ley hipotecaria y la situación derivada de las participaciones preferentes.
