Los contratos bonificados por violencia de género supusieron solo ocho de cada 100.000 entre 2003 y 2020 en Galicia

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Los contratos bonificados por violencia de género en Galicia, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y septiembre de 2020 ascendieron a un total de 571, es decir, supusieron unicamente el 0,008 por ciento del total, ocho de cada 100.000 del total de la contratación femenina registrada.

   Son datos aportados por UGT y CC OO, extraídos de los servicios públicos de empleo. Los contratos de sustitución sumaron 207, un número "exiguo" que pone de manifiesto "que se trata de una medida que no funciona adecuadamente".

   Con motivo del Día Internacional contra la violencia machista, UGT y CC OO reclaman "fortalecer los mecanismos de control, aplicación y seguimiento" del pacto de Estado en materia de violencia de género y que se "asegure la continuidad más allá de septiembre de 2022.

   También reclaman acelerar la aplicación total del Convenio de Estambul de 2011 y que fue ratificado por España en 2014 sobre prevención, asistencia integral a las víctimas y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres.

   Del mismo modo, quieren que se ratifique el convenio 189 de las OIT sobre las trabajadoras domésticas. Las mujeres con peores condiciones laborales "son las más susceptibles de sufrir acoso sexual y por razón de sexo".

   En esta línea, reclaman que "se acelere" el proceso de ratificación por España del convenio 190 de la OIT, aprobado por el Consejo de Ministros en 2021. "Es vital asegurar los entornos laborales libres de violencia y acosos".

REDOBLAR ESFUERZOS

   Ambos sindicatos reclaman, asimismo, redoblar esfuerzos para garantizar el empleo estable y de calidad a las mujeres víctimas de violencias machistas. Además de ser "escaso", el empleo que se les ofrece mayoritariamente es temporal.

   CC OO y UGT piden recursos para servicios de prevención y atención integral a las víctimas de violencias machistas y garantizarles el carácter permanente. Todo eso, añaden, "implica tolerancia cero contra las violencias machisas, actuar sobre la desigualdad y la discriminaciones por razón de sexo y cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que sitúan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en el centro del desarrollo sostenible".

   Por su parte, los sindicatos han reafirmado el compromiso de "incluir" protocolos de actuaciones en las administraciones públicas frente a caos de acoso sexual por razón de sexo y para asegurar su atención jurídica y sindical en el ámbito laboral.

   Del mismo modo, seguirán "incentivando" medidas de acción positiva en la negociación colectiva, planes de igualdad y la formación y sensibilización sobre esta materia.