Un alto funcionario vigués se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación
VIGO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, deberá comparecer como testigo en el juicio sobre su supuesto 'enchufe' en una concesionaria del Ayuntamiento de Vigo, que se celebrará en la ciudad olívica este martes y este miércoles, después de que la Audiencia de Pontevedra hubiera rechazado su pretensión de eludir dicha comparecencia por motivos de salud.
V.F.B. estuvo investigada en esta causa, pero se archivaron las actuaciones con respecto a ella debido a la prescripción del supuesto delito que se le imputaba (tráfico de influencias). No obstante, está citada como testigo, al ser crucial su declaración en una causa en la que están acusados un alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo, Francico Javier G.O., y el gerente de una empresa, Ramón C.A.
El procurador de V.F.B. presentó un escrito la pasada semana ante la Audiencia solicitando que su representada no tuviera que acudir a la vista, por su "grave estado de salud", y justificó su solicitud con un informe médico en el que se detalla que la mujer sigue tratamiento psiquiátrico y que una comparecencia en el juicio podría ser "arriesgada" en su situación.
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que acuerda que "no ha lugar" a la petición de V.F.B.. En su resolución, recuerda que ya con anterioridad esta testigo había solicitado ser eximida de declarar por motivos de salud y que entonces se entendió que las causas alegadas no eran "suficientes".
"Constando además a este Tribunal, según declaraciones de la propia testigo, que el pasado día 11 (...) decía estar en clase, por lo que se reitera que no se aprecian motivos suficientes para aceptar lo interesado", ha indicado la Audiencia, que ha advertido a V.F.B. de que, si no comparece en el juicio, podría adoptar multas coercitivas o incluso "proceder por delito de obstrucción a la justicia".
"PLAN" PARA DARLE TRABAJO
En esta causa se sentarán en el banco de los acusados de la Audiencia, este martes y este miércoles, el funcionario vigués Francisco Javier G.O., y el gerente de una concesionaria municipal, Ramón A.C.
La Fiscalía considera que el funcionario "ideó un plan" para dar trabajo a V.F.B., "mujer muy afín a un miembro del gobierno local". Así, requirió a la concesionaria Imesapi para que emplease a esta persona, a pesar de que esta empresa (que llevaba los servicios de atención y conserjería en los centros cívicos municipales) no necesitaba a más personal.
Para que Imesapi pagase el salario a V., "ambos acusados idearon un plan" por el que la empresa facturaba al Ayuntamiento diversas cantidades a través del "uso fraudulento" del procedimiento de contratos menores, para la realización de unas encuestas de calidad. Según la Fiscalía, esas encuestas fueron realizadas, aunque no por la empresa, pese a lo cual, Imesapi elaboró las facturas de forma "mendaz" y las cobró.
DELITOS Y PENAS
La acusación pública considera, por estos hechos, que Francisco Javier G.O. incurrió en los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil. Por el primero de ellos, pide que sea condenado a 10 años de inhabilitación; por el segundo, reclama una pena de 5 años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta; y por la falsedad documental, pide la condena de tres años de prisión y multa de 10.800 euros.
Además, entiende que Ramón C.A. es cooperador necesario en los delitos de malversación y falsedad, y pide que sea condenado a 4 años de prisión e inhabilitación absoluta por 20 años por el delito de malversación; y tres años de prisión y 10.800 euros de multa por el delito de falsedad documental. También reclama que ambos acusados indemnicen al Ayuntamiento en 108.147,22 euros, por el coste de las encuestas facturadas.
