Los otros cinco acusados, particulares y empresas, han sido absueltos
A CORUÑA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde del municipio coruñés de Cambre Manuel Rivas y dos de los concejales del anterior equipo de gobierno, Santiago Ríos y Felipe Andreu, han aceptado dos años de prisión por prevaricación y malversación de fondos públicos por la organización en 2012 del festival 'Brincadeira Rock in Cambre', que se otorgó a dos empresas saltándose los controles administrativos y "causando un perjuicio económico a las arcas municipales de 446.866,06 euros", según Fiscalía.
Lo han hecho en el juicio fijado para este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña tras un acuerdo entre el Ministerio Público y las defensas al reconocer los hechos los tres cargos públicos y acordarse una rebaja de la pena al incluir las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, que los acusados aceptaron. Los exediles del Partido Popular han sido condenados, además, a seis años de inhabilitación para ejercer cargos municipales.
Respecto a las indemnizaciones, los acusados están condenados a abonar 160.000 euros en concepto de indemnización al Ayuntamiento de Cambre, de los cuales ya están consignados 148.333. El resto, 11.667 euros, debe ser pagado entre los tres condenados.
Además de los tres exconcejales, también había otros cinco procesados, particulares y empresas, que han sido declarados absueltos de los delitos que se les imputaban.
Inicialmente, el Ministerio Público pedía para Manuel Rivas, los dos concejales y los dos responsables de las empresas implicadas, penas de cinco años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos en concurso con delitos de prevaricación administrativa. Además de la pena de cárcel, también solicitaba una inhabilitación para cargo público de ocho años.
HECHOS
Los hechos, denunciados por la organización política Unión por Cambre, se remontan al año 2012, cuando el ejecutivo local encabezado por Rivas adjudicó a dos empresas de forma fraudulenta la organización del festival Brincadeira Rock in Cambre.
El alcalde entabló conversaciones previas a febrero de 2012 con el objetivo de "eludir" la metodología y los controles establecidos en la legislación de contratación pública para, de este modo, conceder "a dedo" la organización de un evento de cuatro días de duración.
El acuerdo, plasmado como convenio del sector público y por valor de 240.000 euros, fue firmado el 1 de febrero de 2012 por el regidor y los responsables de las dos empresas encargadas de organizar el festival de música, que tuvo lugar en el verano de ese mismo año.
"Todos ellos estaban puestos de común acuerdo para defraudar a las arcas municipales", ya que eran conocedores de que la forma de proceder "evitaba" el control de los servicios municipales y anulaba "a posibles competidores que se pudieran presentar para pujar por el contrato".
El convenio establecía la obligación de devolver los 240.000 euros asignados a la organización del festival, pero no se exigía "ninguna garantía o aval que asegurase el retorno del dinero".
Asimismo, tampoco formaba parte del convenio una memoria técnica que acreditase la capacidad de las empresas, que carecían de avales, trabajadores "ni ningún elemento" para determinar su solvencia económica y técnica.
A mayores de evitar todo tipo de control previo, las facturas se abonaron "sin comprobarse la efectiva realización" de lo consignado en ellas y "sin memoria que determinase qué se debía pagar".
Además de Manuel Rivas y los dos titulares de las empresas, también estaba implicado el entonces teniente de alcalde de Cambre, abogado de profesión y encargado de los borradores del convenio.
El tercer miembro del gobierno municipal implicado es responsable de los hechos por haber participado en la preparación del convenio y por configurar seis facturas de casi 40.000 euros abonadas a las empresas.
Los cálculos del Ministerio Público cifran en 446.866 euros el perjuicio económico causado contra las arcas municipales, cuantía que se reclamaba inicialmente a todos los procesados en concepto de indemnización al Ayuntamiento de Cambre.
BLANQUEO DE CAPITALES
Paralelamente, junto a la adjudicación fraudulenta de la organización del festival también ha sido sometida a juicio la gestión de una de las empresas implicadas, cuyos responsables han quedado absueltos de una operación de blanqueo de capitales.
Según figura en el escrito de acusación inicial, el dueño de la empresa empleó 245.000 euros del dinero recibido del Ayuntamiento de Cambre para ampliar el capital de compañía hasta alcanzar los 249.000 euros.
Dos años después, vendió la totalidad de la empresa por 1 euro a una persona que, días más tarde, volvió a vender de nuevo la compañía a un tercero. Estas dos personas son primos y tenían menos de 20 años en el momento de los hechos. El primero únicamente era titular de una moto y el segundo estaba inscrito en el registro de morosos.
Inicialmente, Fiscalía consideró la maniobra como una operación para colocar a un testaferro al frente de la empresa a la última persona en asumir el timón de la compañía quien, meses más tarde, obtuvo préstamos bancarios por 55.000 euros, además de actuar como fiadores de terceras empresas por valor de un millón de euros.
Así las cosas, el Ministerio Público pedía cinco años de cárcel para el administrador inicial de la empresa y otros cuatro para los otros dos implicados, a los que, asimismo, solicitaba multas que ascienden a 240.000 euros y 1 millón de euros, respectivamente.
