VIGO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde pedáneo de la entidad local de Bembrive, en Vigo, ha aceptado 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia, que ya es firme, ha sido dictada este martes por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en una vista de conformidad, en la que el acusado, Roberto Ballesteros, ha reconocido los hechos que le imputaban.
Así, según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, el exalcalde pedáneo aprobó una modificación extrajudicial de crédito por casi 800.000 euros para pagar obras y servicios realizados entre 2013 y 2016, que fueron contratados de forma verbal, sin licitación ni procedimiento legal alguno.
El ministerio público sostiene que, en ese período, el entonces alcalde pedáneo contrató "de forma directa y verbal" la realización de numerosas obras y servicios, entre ellas la retirada de un vertido cerca de un campo de fútbol, o la construcción de un 'skate park' en esta parroquia de la ciudad olívica.
Todas estas contrataciones se hicieron 'a dedo', a las empresas que el alcalde consideró oportuno, y sin que se incoasen los correspondientes expedientes de contratación, ni se pidiesen informes al interventor municipal. La Fiscalía sostiene que Roberto Ballesteros era consciente de las irregularidades y de que no había crédito suficiente para pagar las obras y servicios que estaba contratando.
CONDENAS ANTERIORES
La de este martes ha sido la tercera condena para Ballesteros, que fue elegido alcalde pedáneo por el PSOE en 2011 y dimitió en 2021, poco después de que el Tribunal Supremo confirmase una condena por prevaricación, al haber suspendido de forma irregular las retribuciones de los vocales del PP en el entidad local menor, en 2013. En esa ocasión, la pena que se le impuso fue de 7 años de inhabilitación.
En 2021 fue condenado por segunda vez, en ese caso por la Audiencia Provincial, como autor de un delito de falsedad, en concurso medial con uno de malversación, y un delito de prevaricación, por haber propiciado el pago de una obra que no se llegó a ejecutar. La pena fue entonces de 2 años y dos meses de prisión y 7 años de inhabilitación, y también fue condenado un constructor como cooperador necesario.
Antes de todo eso, el exalcalde pedáneo estuvo envuelto en otra polémica, ya que fue denunciado en 2011 por una excompañera socialista. La denunciante sostenía que Ballesteros cobraba comisiones a cambio de favores en el Ayuntamiento de Vigo (además de alcalde pedáneo, era funcionario en el consistorio olívico). Los juzgados abrieron diligencias, pero la causa se acabó archivando por falta de pruebas.
