Acusa al Gobierno de "dimitir" de su responsabilidad y advierte la "doble dificultad" de gestionar la pandemia sin estado de alarma ni ley gallega
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dado por hecho que el Gobierno ha presentado o lo hará de forma inminente el recurso de inconstitucionalidad con petición de suspensión para la ley gallega de salud, aprobada recientemente por el Parlamento de Galicia. "Estamos preparados para recibir ya la comunicación del Tribunal Constitucional", ha admitido.
En la rueda de prensa posterior al comité clínico de esta semana, Feijóo se refirió al escenario a partir del 9 de mayo para reprochar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "dimitiese" de sus responsabilidades y avisar de la "doble dificultad" que tendrá Galicia para gestionar la pandemia sin estado de alarma y sin la ley que se ha aprobado y que amparaba las actuaciones.
"Nos quedamos sin cobertura legal", ha advertido este miércoles Feijóo en su intervención en rueda de prensa, en la que ha señalado las "dificultades" que conlleva la carencia de instrumentos legales para gestionar "con rigor" la pandemia.
Además, Feijóo reiteró su malestar ante la actitud del Gobierno por no sentarse en la comisión bilateral para abordar los preceptos que entiende que son inconstitucionales y, de este modo, poder negociar posibles modificaciones o matizaciones a la normativa como se ha hecho en otras ocasiones con textos legislativos.
El presidente autonómico ha recordado que el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, remitió una carta al Gobierno para abordar esta cuestión en una comisión mixta, pero no obtuvo respuesta del ministro Miquel Iceta, que sí respondió "favorablemente" a abordar en una comisión bilateral el traspaso de la AP-9 y la gestión del litoral.
"DESLEAL"
"La respuesta fue ninguna, no hay respuesta y no hay por tanto ninguna comunicación del Gobierno", ha lamentado Feijóo, quien ha apuntado que la información que la Xunta tiene del Gobierno es, por un lado, la decisión de recurrir la ley (anunciada en el Consejo de Ministros y para lo que vence el plazo el 23 de mayo) y "lo que es más grave, solicitar la suspensión de determinados contenidos de esa ley, todo esto sin comunicar a la comunidad esta presunta decisión que lamentablemente vamos a conocer en horas".
"Porque estamos preparados para recibir ya la comunicación del Tribunal Constitucional donde nos notifica la suspensión de determinados artículos", ha dado por hecho Feijóo. El Gobierno central tiene el "privilegio" constitucional, como así lo recuerda el propio Consejo de Estado, de pedir la suspensión cautelar de una normativa autonómica entera o de determinados artículos.
"Eso no lo podemos admitir y nos parece una deslealtad que no merecemos", ha remarcado Feijóo, quien ha dicho que la Xunta "no actúa así en ningún caso" con el Estado.
El mandatario autonómico ha puesto el acento en que la comunidad "tiene que seguir tomando decisiones después del 9 de mayo", cuando todavía no habrán llegado las vacunas suficientes. En todo caso, ha avanzado que los servicios jurídicos de la Xunta están estudiando qué hacer desde el punto de vista de los cierres perimetrales y movilidad para poder seguir adoptando medidas después del estado de alarma.
Ello, porque Galicia "se quedará sin la cobertura legal" que le da, aseguró, la ley gallega de salud reformada en el Parlamento de Galicia --y que entró en vigor el 26 de febrero--. "No es de recibo", ha señalado, para mostrar el "disgusto" de la Comunidad gallega con esta situación.
Es más, se ha mostrado "muy sorprendido" con que, como autoridad autonómica, no sepa siquiera las decisiones que serán anuladas o denunciadas. "Todo parece indicar que el Gobierno presentó el recurso", ha aseverado Feijóo,
ARTÍCULOS QUE PRETENDÍA RECURRIR EL GOBIERNO
La idea inicial del Gobierno central, tal y como expresó en la petición de informe ante el Consejo de Estado, era recurrir tres aspectos: las medidas preventivas (es decir, las cuestiones a regular), la adopción de las medidas preventivas ('el modus operandi' para ejecutar las medidas) y el régimen de sanciones (en varios artículos y, especialmente, en lo referido a las multas por incumplimientos de las medidas que el Gobierno central cuestiona).
En su informe, el Consejo de Estado considera que es pertinente interponer recurso de inconstitucionalidad --o como dice textualmente, "existen fundamentos jurídicos suficientes"-- a uno de los apartados concretos, el relativo a las medidas. Literalmente, señala: cabe este recurso al apartado cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, en lo relativo al apartado 2 del artículo 38 que introduce en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia.
El apartado cinco introduce un artículo 38 a la ley de salud gallega con dos apartados, de los cuales, el Consejo de Estado avala que se recurra la segunda parte, como se ha mencionado. Esta 'segunda parte' habla de medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando haya un peligro para la salud de la población.
Y para ello, además de otras medidas generales, establece que se podrán adoptar medidas de control de las personas enfermas, como el aislamiento domiciliario (actualmente los confinamientos de las personas que están contagiadas por el coronavirus), el internamiento en un centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin.
Entre las siete principales de esta 'segunda parte', también recoge medidas de control para personas que hayan estado en contacto con personas enfermas (como actualmente los aislamientos de contactos positivos); o el sometimiento a medidas profilácticas de prevención, incluida la vacunación o inmunización.
Este apartado de la ley también habilita medidas de control del "entorno inmediato" de las personas enfermas o que hayan estado en contacto con ellas, así como de "zonas afectadas" (lugares geográficos), lo que puede conllevar, por ejemplo, la limitación de movilidad o circulación (como han sido los cierres perimetrales de ciudades o áreas sanitarias) o restricciones a las agrupaciones de personas (como el límite en las reuniones, tal y como está vigente en este momento en Galicia).
