Lamentan su situación de "indefensión jurídica" y acusan al Estado de "volcarse en la vía represiva" en un momento de "crisis territorial"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las personas imputadas en el marco de la 'Operación Jaro', en la que fueron detenidas nueve personas en octubre de 2015 y por la que la Audiencia Nacional decretó la ilegalización de la organización política Causa Galiza, han denunciado "vulneraciones" en la cadena de custodia de los objetos que fueron retirados de los domicilios de los arrestados.
Así lo han denunciado este sábado en una rueda de prensa ofrecida en Santiago de Compostela, en la que uno de los imputados, Joam Peres, ha asegurado que estas "vulneraciones" los sitúan en una "situación de indefensión jurídica absoluta" ante la que los abogados de las defensas han decidido "impugnar" las "supuestas pruebas" que hay en contra de ellos. Todo ello, ha indicado, cuando no saben aún si finalmente serán "juzgados todos y con qué imputaciones".
En su intervención, Joam Peres también ha explicado que Causa Galiza continúa "ilegalizada y suspendida de actividades" en base a un argumentario jurídico que ha calificado de "irrisorio" ya que, según ha indicado, apunta que los homenajes que la organización celebraba en recuerdo de los Mártires de Carral de 1846 "son un hecho que prueba la existencia de apología del terrorismo".
"También considera que las charlas y actos públicos de memoria histórica de la lucha del independentismo en este país son, a día de hoy, apología del terrorismo", ha añadido para lamentar que este sea "el fundamento jurídico aparente" con el que el juez de la Audiencia Nacional "Eloy Velasco decreta la ilegalización de una organización política".
CONTEXTO POLÍTICO
Asimismo, Joam Peres ha enmarcado esta operación en un momento en el que el Estado español atraviesa una "crisis de su modelo territorial" y en el que, "en lugar de utilizar la vía del diálogo y la negociación", el Estado "se vuelca en la vía represiva".
De este modo, ha puesto como ejemplo de esta "vía represiva" que se hable de "encausar penalmente a la presidenta del Parlamento catalán" o que "Arnaldo Otegui no se pudiese presentar a las elecciones después de haber cumplido una condena de cárcel".
"En el caso de Galicia el Estado español optó por matar moscas a cañonazos y procede a la ilegalización de organizaciones políticas y al encausamiento penal de militantes políticos que trabajamos dentro de la legalidad", ha indicado para lamentar que se de un salto "en materia represiva a colocar sobre la mesa las condenas de prisión a gente que defiende la constitución de un Estado propio para Galicia".
INICIATIVAS
"Para responder a esta situación", Joam Peres ha explicado que los imputados han desarrollado iniciativas para "sensibilizar" a la sociedad gallega sobre esta situación y "la inexistencia de libertades mínimas" en el Estado español".
Además, tratan de implicar a distintos agentes políticos, sindicales y sociales para que "tomen cartas en el asunto". "Aquí no se está reprimiendo solo un proyecto político independentista, se está poniendo en cuestión la posibilidad de que este país defienda públicamente, en foros públicos y legales, determinados posicionamientos políticos", ha señalado.
Por este motivo, el abogado de la defensa ha pedido el levantamiento de la suspensión de actividades a Causa Galiza, "que aunque en principio es de un año, será renovada todo lo que el juez considere necesario". Con este fin, el colectivo irá hasta el "Tribunal Constitucional" para "denunciar la situación".
PARLAMENTO EUROPEO Y GALLEGO
Por otra parte, Joam Peres ha explicado que "antes del 10 de noviembre" el Parlamento Europeo se tendrá que pronunciar sobre esta operación tras una iniciativa presentada por la coalición formada por EH Bildu y el BNG, formación que también llevará a la Cámara gallega la situación de los nueve imputados y la ilegalización de Causa Galiza.
Además, ha señalado que ya son 75 los agentes sociales, sindicales y políticos que se han sumado al rechazo de la ilegalización de Causa Galiza.
