La jueza deja en libertad provisional al empresario detenido, que deberá comparecer cada 15 días

(Este teletipo sustituye al anterior, que por error informaba de que se retrasaba la toma de declaración) La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, ha decidido dejar en libertad provisional al empresario lucense detenido este jueves en el marco de la Operación Pokémon, pero con la obligación de comparecer cada quince días. Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras decidir sobre la situación procesal de este empresario, la jueza ha iniciado a las 20.00 horas la toma de declaración de otro de los detenidos este jueves en el marco de la investigación sobre una supuesta trama de corrupción y sobornos para obtener adjudicaciones de servicios municipales. Además del empresario lucense José Manuel R.M., hasta los juzgados de Lugo fueron llevados esta tarde el cabo adscrito a la Patrulla Verde José Luis N. y el alcalde pedáneo de la parroquia lucense de O Burgo, José G.V., quien también es propietario de un taller de carpintería metálica, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. Estos tres nuevos arrestos llevados a cabo por agentes de Vigilancia Aduanera a petición del juzgado elevan a 26 los detenidos hasta la fecha, cifra que previsiblemente se incrementará con alguna nueva detención en próximas jornadas. En concreto, José G.V. es pedáneo de O Burgo desde el primer mandato que gobierna el Ayuntamiento de Lugo el socialista José Clemente López Orozco, que accedió a la Alcaldía lucense en 1999. Precisamente, las competencias sobre Zona Rural fueron ejercidas durante años por Francisco Fernández Liñares, que continúa en prisión por su implicación en la Operación Pokémon y quien, aparte de edil también de Economía y Urbanismo, fue presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. José G.V. asumió este cargo de representación vecinal tras un proceso de elección entre los habitantes de esta parroquia ubicada en el suroeste del municipio lucense. Hace cuatro años, generó polémica la instalación en una finca de su propiedad de una antena de telefonía móvil que no llegó a ponerse en funcionamiento por las protestas de los vecinos, que consideraban que era ilegal al hallarse próxima a viviendas, un caso que fue denunciado públicamente por el Grupo Municipal del PP. Por su parte, el cabo detenido está adscrito a la conocida como 'Patrulla Verde', una unidad de la Policía Local de Lugo creada en 1997 y que fundamentalmente se dedica a realizar denuncias e informes estrechamente relacionados con las áreas de urbanismo y medio ambiente. En el ámbito del urbanismo, esta unidad de la Policía Local es la encargada de plantear denuncias administrativas por la realización de obras que carecen de la correspondiente licencia urbanística, la ocupación ilegal de la vía pública o el exceso de aprovechamiento, entre otros ámbitos. Mientras, el tercer arrestado es el empresario José Manuel R.M., que en el registro mercantil figura como director comercial de la empresa Portosar Galicia S.L., con sede social en Lugo y dedicada a obras públicas y privadas. Algunas fuentes han indicado que esta empresa ha trabajado para administraciones lucenses como el Ayuntamiento. En una primera fase de la operación fueron detenidas 23 personas, entre ellas el exalcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez; el exregidor de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio; y el exconcejal del BNG en Ourense Fernando Varela. Asimismo, dentro de los detenidos en la primera fase de la operación Pokémon está el trabajador de la ORA en Lugo Javier Reguera, que en los últimos años ha obtenido notables beneficios con la compra-venta de inmuebles durante la tramitación del plan urbanístico de Lugo, así como su socio en varios negocios y propietario de la empresa Sanle, Manuel S.G. De los primeros 23 detenidos en esta operación de Vigilancia Aduanera, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo ha decretado prisión provisional precisamente para Javier Reguera; así como para el presidente de Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, acusado de los delitos de cohecho y tráfico de influencias; y para el expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil y exconcejal en Lugo, Francisco Fernández Liñares, por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

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