SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de ley por el que se aprobará la actualización de los sueldos de los empleados públicos en un 1,5 por ciento, con carácter retroactivo a enero de este año, se aprobará en el pleno de la próxima semana.
El texto se tramita por urgencia y con trámite de lectura única, por lo que quedará aprobado en un solo acto parlamentario que, según avanzó este lunes el viceportavoz del Grupo Popular Alberto Pazos Couñago, será en el pleno de la semana que viene.
La Xunta aprobó la subida adicional del 1,5 por ciento en la reunión del Consello de la Xunta del pasado 3 de noviembre, una subida que se aplicará con efecto retroactivo a 1 de enero de 2022, ante el "aumento del coste de vida" con la crisis energética y la guerra en Ucrania, de forma que se trata de compensar los efectos de la inflación.
La idea, tal y como ratificó Pazos Couñago, es que los trabajadores públicos reciban la cuantía antes de que finalice el presente año.
"Con este incremento retributivo, que va dirigido a paliar el impacto de la inflación derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y por la crisis energética, los empleados públicos verán aumentadas las retribuciones este año en un 3,5 por ciento", ha destacado el diputado popular.
INICIATIVAS 25 DE NOVIEMBRE
Por último, con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el PPdeG ha presentado una proposición no de ley para fomentar las medidas de lucha contra la violencia machista, tanto a nivel gallego, como municipal y estatal.
Concretamente, los populares piden colaborar con las entidades locales en el ámbito de a formación de profesionales de los Centros de Información a la Mujer y el fortalecimiento de las Mesas Locales contra la violencia de género.
Asimismo, la iniciativa pide que el Gobierno dé cumplimiento "efectivo" al Pacto de Estado contra la violencia de género, al tiempo que garantice un sistema de financiación estable, plurianual y con fondos suficientes para afianzar todos los recursos humanos y técnicos necesarios en la prestación de los servicios contra la violencia de género.
