Pide equiparar el gasto por habitante a la media estatal, pues actualmente está "por debajo del 90%"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La viceportavoz del PSdeG en el Parlamento, Carmen Gallego, ha denunciado este lunes que "más de 2.000 personas murieron" el pasado año en Galicia esperando para el cobro de su prestación reconocida al amparo de la Ley de Dependencia, al tiempo que ha elevado esta cifra hasta las 7.000 personas desde 2012.
"Es muy grave", ha sostenido la socialista en una rueda de prensa en la que ha subrayado que la situación de los dependientes se ha visto "agravada" a la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa y "empezaron los recortes".
Además, en Galicia, como ha dicho, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no sólo "aplicó al pie de la letra" sus recortes sino que "empeoró" la situación. Prueba de ello, a su juicio, es que los datos del Ministerio de Sanidad evidencian que "las personas con derecho" a dependencia en Galicia disminuyen "ininterrumpidamente desde 2011".
"Hoy hay menos personas recibiendo las prestaciones que en 2010", ha enfatizado Gallego, para apuntar que eran 65.226 los que tenían reconocido el derecho y 40.540 los que cobraban mientras que en noviembre de 2014 eran 54.434 y 38.348, respectivamente.
La "dificultad" para acceder a la dependencia en Galicia es tal, ha ilustrado la diputada, que las solicitudes están "por debajo" de la media estatal --según los datos del ministerio--, pese a que ésta es la segunda comunidad con la población más envejecida de España.
PLAN DE CHOQUE
Otro dato que ha facilitado a los periodistas es que el gasto público en programas de seguridad y promoción social es el quinto más bajo de España, con 208,53 euros per cápita. La media estatal casi alcanza los 272 euros.
Es por ello que ha demandado a la Xunta que ponga fin al "desmantelamiento" del sistema de dependencia y se "equipare" el gasto público en dependencia por habitante a la media estatal, pues actualmente está "por debajo del 90 por ciento".
Asimismo, a través de una iniciativa parlamentaria, ha reclamado un plan de choque para "sacar de la lista de espera" a las más de 16.000 personas que ya tienen sus derechos reconocidos y no perciben todavía ningún servicio o prestación.
