Reduce los cargos "nombrados políticamente" en la institución de 12 a seis, con un valedor, un adjunto y un máximo de cuatro asesores
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El dictamen de reforma de la Ley del Valedor llegará previsiblemente este mes al pleno, con el voto favorable de PP y PSdeG y el rechazo del BNG, pero sin acuerdo entre los grupos sobre el plazo en el que el dirigente de esta institución puede mantener una situación de interinidad en el caso de un cese como ocurrió cuando Benigno López dimitió el pasado mes de mayo, ocupando de forma interina el cargo el hasta entonces vicevaledor José Julio Fernández.
En el transcurso del debate que tuvo lugar este lunes en la Cámara, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy Fraga, ha defendido que su grupo rechaza la petición de la oposición de fijar un plazo para que el cese de un Valedor interino se produzca de forma inmediata --los nacionalistas proponen a los tres meses de la baja y el PSdeG, a los cinco-- por una cuestión "de responsabilidad" y para evitar situaciones de "vacío de poder".
"Debe haber una continuidad, sino se produciría una paralización total de la oficina del Valedor y esto repercutiría en los ciudadanos", ha esgrimido Puy, cuyo grupo propone en relación al problema de la interinidad que, al inicio de cada período de sesiones, la Comisión de Peticións de la Cámara autonómica vote la continuidad del valedor si se encuentra en funciones.
Dicha propuesta ha suscitado las críticas de la oposición y el portavoz del BNG en el debate, Alfredo Suárez Canal, ha criticado la "chafallada" del PP y, al igual que la parlamentaria socialista Dolores Rodríguez Amoroso, el nacionalista ha constatado "un interés" por parte de los populares en dilatar la renovación del Valedor.
Frente a ello, el portavoz popular se ha reafirmado en que su postura responde a una cuestión de "responsabilidad" y ha advertido que, en cualquier caso, los vicevaledores designados "son también fruto de un pacto político". "Tienen un respaldo tan amplio como el del Valedor", ha aseverado Puy Fraga.
EN BUSCA "DE UN TITULAR"
En el debate para su aprobación en la Comisión, tanto los socialistas, que finalmente han dado su voto positivo al dictamen de la ponencia, como los nacionalistas, han esgrimido que "no era necesario modificar la ley" para reducir el número de vicevaledores puesto que al recoger ésta "un máximo" de tres, hubiera bastado con "un acuerdo" entre los grupos, por lo que han detectado interés por parte del PP en buscar "un titular".
"No lo hacen por el ahorro, el PP quiere poner en el foco y sentar las bases para que en el futuro se pueda eliminar una institución que para nosotros es básica porque defiende los derechos de los más débiles", ha esgrimido Suárez Canal.
Por su parte, Rodríguez Amoroso ha defendido que este debate debería haber partido de una ponencia conjunta y no de una propuesta "unilateral" del PP, cuya "prepotencia" ha censurado, además, por limitar el debate en el mes de julio a esta reforma y a la del voto de los diputados por cuestiones de maternidad y paternidad cuando los gallegos tienen "problemas graves".
Puy ha negado que el PP actuase "con prepotencia", ha recordado que se planteó la cuestión en el Debate sobre el Estado de la Autonomía y ha negado buscar "titular" alguno sobre el ahorro para añadir que, en cualquier caso, de haber sido así, se ofreció a los grupos de la oposición "sumarse a ese titular".
REDUCCIÓN DE ASESORES
Si en la interinidad no hubo acuerdo, sí lo hubo para otras cuestiones como acabar con el plazo indefinido que hasta ahora tenían las administraciones para responder a una petición del Valedor. Así, según ha explicado Puy, cuando la modificación legal reciba su aprobación definitiva, las administraciones públicas tendrán "sólo un plazo de 15 días, prorrogable por un mes" para dar una respuesta a la institución.
Además, Puy ha señalado también que transcurrido el plazo de tres meses desde que el Valedor reciba una queja de un ciudadano tendrá que explicar "cuál es el estado de tramitación de la misma".
Por último, la modificación legal reduce el número de cargos "nombrados políticamente" en la institución pasando de los 12 regulados en la actualidad --un valedor, tres vicevaledores y ocho asesores-- a un máximo de seis, con un valedor, un adjunto a éste y un máximo de cuatro asesores.
