Rueda y Lores acuerdan retomar el proyecto de la variante de Alba y ampliar el polígono de O Campiño

Reunión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
Reunión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. - Beatriz Ciscar - Europa Press
Actualizado: lunes, 23 octubre 2023 22:16

   Hacen balance positivo de una reunión descrita por el presidente gallego como "bastante dinámica y bastante útil"

   PONTEVEDRA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, han mantenido este lunes un largo encuentro institucional durante más de dos horas en el que han acordado retomar la variante de Alba y ampliar el polígono industrial de O Campiño.

   Rueda ha valorado esta reunión como "bastante dinámica y bastante útil" coincidiendo con el balance positivo hecho por Lores, quien dijo haberse encontrado a "un presidente receptivo" que "escuchó" las propuestas del Ayuntamiento. El regidor ha concluido que "globalmente, fue una reunión muy agradable y muy institucional". "Yo desde luego estoy satisfecho", ha apostillado Alfonso Rueda.

   En cuanto a la variante de Alba, diseñada inicialmente para unir la carretera PO-531 y la N-550 liberando del tráfico la vía de San Caetano, según han explicado tanto el presidente como el alcalde a la salida de la reunión, los técnicos del Ayuntamiento y de la Xunta estudiarán la viabilidad del proyecto presentado en su día por la administración municipal, partiendo de un trazado propuesto por el Gobierno gallego. "Para mí es algo positivo porque no se cierra ese tema", ha afirmado Lores.

   El presidente ha indicado que la Xunta "nunca se cerró" a ejecutar esta variante, pero ha recordado que demandaron que sea "viable en todos los sentidos, razonable y que tenga un consenso generalizado", aunque ha admitido que "no es posible" dejar contentos a todos los afectados.

   En cuanto a la ampliación del polígono de O Campiño, la Xunta comenzará a tramitar el desarrollo del plan sectorial que permitirá ampliarlo hacia la parroquia pontevedresa de Marcón, lo que permitiría contar con esos terrenos en un plazo de cuatro o cinco años.

   En este encuentro institucional también trataron la regeneración de la Xunqueira de Alba, con la salida de ese espacio natural del parque de maquinaria de la Consellería de Infraestructuras, que el gobierno gallego trasladará a una parcela del polígono de Barro que les ofreció la Diputación de Pontevedra.

   La Xunta ha propuesto al Ayuntamiento asumir el coste del desmantelamiento, la regeneración de los terrenos y la construcción de la nueva nave, a cambio transferir a la administración municipal la titularidad de tres carreteras de titularidad autonómica: la PO-546, entre Rosalía de Castro y el puerto de Marín, tras la reforma integral que impulsa la Xunta; la PO-223, entre Médico Ballina y el monasterio de Lérez; y la PO-532, entre el cementerio municipal de San Mauro y la rotonda de acceso a Montecelo.

HOSPITAL MONTECELO

   Entre las cuestiones "fundamentales" abordadas en este encuentro está la construcción de la ampliación del hospital Montecelo cuyas obras esperan que estén rematadas en septiembre del próximo año, según ha señalado el presidente de la Xunta, que ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento.

   El titular del Ejecutivo gallego también ha anunciado que esta semana saldrán a información pública los proyectos para construir un aparcamiento de 892 plazas con una inversión prevista "de algo más de 10 millones de euros", multiplicando por cuatro la capacidad actual y que luego se gestionará con una concesión "con tarifas ajustadas, económicas y no como las de un parking público normal sino reducidas", como son, según ha apuntado "las que se tienen en la mayoría de los hospitales que está construyendo el Sergas". Como ejemplo ha citado los precios del aparcamiento del hospital Álvaro Cunqueiro.

   Al mismo tiempo y también por el sistema de concesión, se construirá un restaurante que conectará con el hospital mediante una pasarela acristalada "un proyecto ambicioso que se gestionará mediante un canon", de unos 500.000 euros anuales que tendrá que pagar el concesionario que se haga cargo de este servicio de restauración. La inversión alcanzará los 4 millones de euros.

SANTA CLARA

   En la reunión Rueda y Lores también hablaron del antiguo Convento de Santa Clara, cedido por el Ayuntamiento a la Diputación para que forme parte del Museo de Pontevedra. "La Xunta de Galicia participará, ya veremos la cuantía en función de lo que se nos proponga, en la remodelación de nuevos usos de Santa Clara", ha dicho Rueda.

   Además de reiterar este compromiso de la administración autonómica de colaborar en la rehabilitación del histórico edificio Rueda ha incidido en que "ahora corresponde hablar con la Diputación" para que muestre el proyecto y el montante económico "y ahí decidir la aportación de la Xunta de Galicia".

OTROS ASUNTOS

   Asimismo, sobre la transferencia de la Unidad Asistencial de Drogodependencias (UAD), el presidente de la Xunta ha comentado que a medida que se vayan jubilando los funcionarios municipales que actualmente trabajan en este lugar, serán sustituidos por miembros del Sergas.

   "En el momento en que se pueda, la UAD pasará a ocupar un espacio dentro del complejo hospitalario", ha anunciado el regidor.

   El presidente de la Xunta también ha expresado el compromiso de realizar alguna inversión en el referido a instalaciones deportivas, llegando incluso al 50 % del coste del proyecto. Lores puso de ejemplo posible en este ámbito a construcción del pabellón de Monte Porreiro.

   Por último, abordaron también el dragado de la ría, que según lo comentado por el presidente depende de Costas del Estado a la hora de verter los lodos en la localización estudiada en las inmediaciones de la isla de Sálvora y que si Costas accede, el Gobierno gallego estaría en condiciones de licitar y ejecutar esta actuación, de unos 6 millones de euros, en el plazo de un año pero, en caso contrario, habría que buscar un nuevo punto de depósito más alejado, lo que obligaría a retomar la tramitación administrativa y encarecería el proyecto.

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