Acusa a PSdeG, BNG y al Ayuntamiento de Santiago de "intentar prostituir" el Estado de derecho por mostrarse a favor
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) expresó hoy su rechazo a que el Gobierno central conceda el indulto a tres vecinos de la parroquia compostelana de O Eixo, obligados a entrar a finales de este mes en prisión por una agresión a un agente policial en 1998 ya que "sería por presión y no con argumentos jurídicos".
En rueda de prensa, el secretario general en Galicia del SUP, José Freire López, subrayó hoy en Santiago que la concesión del indulto a estas tres personas representaría una "afrenta muy grave" a "todos" los funcionarios policiales.
No obstante, comentó que, en un principio, el sindicato "no se iba a oponer" a un posible indulto pero, tras la manifestación del domingo durante la que, según manifestó Freire, "pusieron un altavoz y lanzaron octavillas ante la casa de la víctima", decidieron expresar su rechazo al indulto "salvo en el caso puntual" de Simón Márquez, por "dar un paso valiente" y pedir perdón por lo sucedido.
El secretario de organización del SUP, Enrique Rama, recordó que fueron "ocho compañeros los que se llevaron palizas" el 14 de julio de 1998, resultando uno de ellos más grave. Al respecto, Freire destacó que la víctima más grave, según recoge la sentencia, "quedó prácticamente alienada de sí misma y sometida a una situación de sufrimiento moral permanente".
De este modo, Freire insistió en que la sentencia considera "jurídicamente probado" que los hechos se produjeron durante una concentración de vecinos "a modo de manifestación a todas luces ilegal" y que el policía herido formaba parte de un dispositivo en labores de vigilancia "y no de represión", que flanqueaba a los manifestantes para velar por la seguridad de los usuarios de la vía pública.
Asimismo, el auto judicial señala que uno de los procesados y varias personas del grupo próximo "sin provocación alguna por parte del funcionario procedieron a golpear al agente con patadas y puñetazos en la cara y cuerpo". En esta línea, la sentencia refleja las diversas lesiones que le provocaron al herido, algunas de las cuales le suponen medicación "de por vida".
"Del relato de los hechos probados en ningún momento se deduce la existencia de exceso alguno por parte de los funcionarios policiales que pudiera justificar una actuación tan desmedida como la de los condenados", aseveró.
CRÍTICAS A BNG Y PSDEG.
Con todo, Freire recalcó que los hechos fueron juzgados por un "órgano colegiado", en referencia a la Audiencia provincial, y ratificados por el Tribunal Superior. "No entendemos que sean precisamente los que tienen que auspiciar y velar para que se cumpla el Estado de derecho, los primeros en intentar prostituirlo", aseveró Freire. "Da la impresión que nos encontramos en plena campaña electoral", agregó.
Así se refirió al PSdeG y BNG, además de al Ayuntamiento de Santiago, por mostrarse favorables al indulto. "Podemos entender que se movilicen los amigos o amigos de los condenados. Es humanamente comprensible, pero nunca los partidos políticos", criticó.
En este sentido, el SUP reafirmó su oposición al indulto porque las lesiones "fueron causadas de forma atroz", por "no apreciarse atisbo alguno de arrepentimiento" y porque la pena impuesta --siete años por un delito de faltas por lesiones graves-- "en modo alguno resulta excesiva, ya que lo fue en su grado mínimo". También consideró que "quebraría más la salud moral del herido y del resto de agentes", recordando que a la víctima "no la mataron pero quedó totalmente inutilizada", presentando una incapacidad por una minusvalía de un 70%.
HECHOS.
Los hechos se produjeron en el transcurso de unas movilizaciones reclamando mayor seguridad en la carretera N-525 en la zona de Santa Lucía, en Santiago de Compostela el 14 de julio de 1998. Los acusados fueron, tras ser identificados, condenados a penas de cárcel y a una indemnización de 156.000 euros.
Jesús Montoiro Cepeda, José Moreira Fernández y Simón Márquez Valle, que abonaron las multas impuestas, tendrán que ingresar en prisión el próximo 31 de octubre si, como ya sucedió el 20 de abril, el Consejo de Ministros no los considera merecedores de indulto, a pesar de la defensa por parte del Gobierno local compostelano.
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