SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un total de 11 ayuntamientos gallegos de entre 25.000 y 100.000 habitantes recibieron en 2013 casi 600 reparos a la legalidad por parte de sus interventores, principalmente en materias como gastos de personal, contrataciones y subvenciones concedidas por actos contrarios al ordenamiento jurídico, según se recoge en un informe hecho público por el Consello de Contas.
Los 583 realizados en 2013 los lidera Pontevedra (205), seguida por: Redondela (88), Marín (76), Cangas (75), Santiago (57), Ribeira (23), Ferrol (21), Ames (13), Lugo (12), Culleredo (7) y Arteixo (6). También se analizaron Carballo, Narón, Oleiros y Vilagarcía, pero en ellos no hubo ningún reparo suspensivo.
Así, esos 583 reparos suspensivos realizados por la intervención suman un importe de casi 44 millones de euros en actuaciones, de los que 13,2 millones se corresponden con Pontevedra, tras la cual está Marín (6,5 millones). Santiago ocupa el tercer lugar (5,5 millones), en 2013 gobernado todavía por el PP.
En este sentido, el Consello de Contas informa que en 475 de los casi 600 reparos realizados, el alcalde del municipio o el pleno levantan esos reparos continuando con la tramitación del expediente, en un importe que ascendió a 35,1 millones.
Además, se analiza la existencia en 2013 de 153 acuerdos de reconocimientos extrajudiciales de crédito en 15 ayuntamientos --de entre 25.000 y 100.000 habitantes-- por 17,6 millones de euros, un mecanismo del que Contas aconseja evitar su utilización "dado su carácter excepcional".
TIPOS DE REPAROS
Según explica el órgano fiscalizador, en materia de personal los reparos se refieren sobre todo a los procedimientos de contratación y selección, al pago de distintos complementos que no se ajustan a la legalidad, junto a criterios como complementos específicos y gratificaciones extraordinarias.
En materia de contratación, "se tiende a la realización de gastos sin crédito presupuestario adecuado y suficiente", "sin atender al procedimiento legalmente establecido de contratación o sin fiscalización previa". Algunos de los vicios detectados son defectos relacionados con el fraccionamiento del objeto de contrato, superación de plazo en gastos plurianuales e "incluso formalización de contratos en materias impropias de las competencias de los ayuntamientos". Sobre subvenciones se identifican diversos defectos como procedimientos de concesión.
