Esgrimen que las inspecciones de Trabajo establecen que "no existe la causa económica" alegada por la empresa para fundamentarlo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los veterinarios de Seaga que realizaban tareas de identificación del ganado en Galicia tachan de "arbitraria e irresponsable" la autorización del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la sociedad pública por parte de la Dirección Xeral de Relacións Laborais, decisión que adoptó este miércoles y que, a juicio de los 116 profesionales, "viene a reafirmar que ya estaba tomada desde el principio".
En un comunicado, censuran que el objetivo "desde el principio no era otro que desmantelar Seaga" y critican la "arbitrariedad de la medida", según denuncian, "contraria a los informes de las cuatro inspecciones de Trabajo", donde presentaron sus quejas.
En concreto, la de la provincia de Pontevedra, según indican, establece que "la falta de productividad de los servicios está motivada por la deliberada voluntad de quien organiza y ostenta el poder de dirección".
Por su parte, en A Coruña, Lugo y Ourense, tal y como aseguran, las inspecciones de Trabajo fijan que no existe la causa económica alegada por la empresa para fundamentar el ERE y sólo parcialmente la causa productiva, como consecuencia de la entrada en vigor del decreto que regula las entidades de identificación de ganado. "Que, como es sabido, está recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia", apostillan.
"La previsión de pérdidas alegada por la empresa se centra en la reducción de su nivel de ingresos debido a la pérdida, en 2011, de los derivados de las encomiendas que empleaban a personal veterinario, pero no acredita que esa disminución de ingresos pueda afectar a su viabilidad", continúan, en relación con la resolución de las inspecciones.
"Con todo esto en contra, la Dirección Xeral de Relacións Laborais considera suficientemente justificado el ERE para el despido de los 116 trabajadores", subrayan, para terminar "reafirmándose" en que se trata de un expediente "ilegal".
RECURSO DE ALZADA
Por ello, anuncian la presentación de un recurso de alzada a esta autorización la próxima semana ante la Consellería de Traballo e indican que tendrá un plazo máximo de tres meses para resolverse.
"Convencidos" de que la titular del departamento, Beatriz Mato, "tomará una decisión desfavorable para ellos", le piden que, "por lo menos, resuelva con celeridad el recurso, para así acudir cuanto antes a la vía judicial".
