La Xunta presenta alegaciones contra la ley de movilidad, que considera "lesiva" para las comunicaciones en el rural

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Xunta ha registrado una serie de alegaciones al texto de la ley estatal de movilidad sostenible, que considera que no refleja las "características diferenciales" de Galicia y, por tanto, es "lesiva" para las comunicaciones en el rural.

   A través de un comunicado, el Gobierno gallego explica que la dispersión territorial y el envejecimiento de la población hace necesaria "una alta capilaridad" de los servicios de movilidad, algo que, a su juicio, no garantiza el texto normativo que promueve el Ejecutivo central.

   Para la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, la ley "no contempla en ningún ámbito la movilidad rural", al tiempo que asegura que el texto "supedite" la planificación de infraestructuras de transporte "a la rentabilidad", con lo que las inversiones están "centradas" en las zonas más pobladas o los corredores "de más demanda".

   Considera que, por lo tanto, la normativa está "completamente escorada hacia los entornos urbanos", lo que, según el Ejecutivo gallego, "agravará el declive demográfico y el abandono de sectores productivos estratégicos para la economía de la comunidad debido a la falta de competitividad".

SERVICIO PÚBLICO

   Las alegaciones de la Xunta también critican que la norma "se limita a establecer criterios económicos frente a otros tan importantes como la rentabilidad social o ambiental", al tiempo que acusa al Gobierno de querer "terminar con el transporte ferroviario en el rural, suprimiendo el sistema de media distancia y sustituyéndolo por servicios de transporte por carretera, de titularidad autonómica".

   En este sentido, demanda "transparencia" y que el Gobierno publique la asignación económica para las distintas líneas y servicios que son declarados 'Deberes de Servicio Público', un concepto que insta a definir de forma más clara.

   La tercera de las alegaciones hace referencia al Fondo estatal para el sostenimiento de la movilidad, que pide extender a las comunidades autónomas además de a las entidades locales. También discrepa del apartado que abre la puerta al cobro en autovías, del que critica su "indefinición" y cree que, en caso de aplicarse, debe hacerse desde "el máximo consenso", especialmente con el sector del transporte de mercancías.

   Asimismo, la Xunta muestra su "preocupación" por la "proliferación injustificada" de conferencias sectoriales incluidas en el anteproyecto de ley. "Llama la atención esta propuesta, ya que el presente texto no se debatió en el marco de la vigente Conferencia Nacional de Transportes, a pesar de reiterar su convocatoria, sin respuesta por parte del Gobierno central", remarca la Consellería que dirige Ethel Vázquez.

   Los últimos puntos de las alegaciones hacen referencia a la inclusión de principios como la igualdad entre mujeres y hombres en cargos de representación y en garantizar "el acceso al transporte público a todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias".